El jueves pasado, el intendente de Ensenada, Mario Secco, irrumpió en el recinto de la Cámara baja de la Provincia durante la sesión en la que se trataban proyectos oficialistas como la reforma de la ley de Ministerios.
Secco subió al estrado de la Presidencia y arrojó sobre la mesa cartuchos de gases lacrimógenos que la Policía había utilizado minutos antes para dispersar a manifestantes que se oponían al tratamiento de las leyes presentadas por el oficialismo.
Mientras que corría riesgo de detención, el juez de Garantías Guillermo Atencio rechazó un pedido de eximición de prisión del jefe municipal, quien se encuentra acusado de coacción agravada, intimidación pública y entorpecimiento de labor legislativa.
“Entré de una manera incorrecta, pero estaba indignado por lo ocurría afuera”, reconoció Secco, en relación a los incidentes que se producían en la calle por la resistencia popular a las leyes que se votaban en el recinto.
El procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, señaló que “las próximas medidas procesales son terminar alguna prueba pendiente y que se disponga la citación de involucrados”, pero aclaró que eso “no significa que determinen un pedido de detención” del intendente.
Sin embargo, Secco desvió la atención y la responsabilidad a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, a quien le adjudicó “el armado” de una causa judicial para meterlo “preso” y consideró esa situación como un “caso de persecución política”.