El debate se asemeja a estar frente a una larga mecha encendida cuyo final provocará heridas de consideración. Esa metáfora es la que se aplica dentro del kirchnerismo para explicar las idas y venidas de la discusión sobre la iniciativa de regularizar los piquetes y cortes de calles. Y el análisis interno sobre una explosión no es nada desacertado, ya que el proyecto de ley divide aguas dentro del espacio que conforman el Frente para la Victoria (FpV) y sus aliados históricos. Si a eso se le agrega que la iniciativa cuenta con el beneplácito del macrismo, la situación en la que se encuentra el kirchnerismo no es nada alentadora.
Luego del paro nacional del jueves 10 de abril que lideraron los dirigentes sindicales opositores Hugo Moyano, Luis Barrionuevo y Pablo Micheli –y que incluyó un centenar de piquetes a lo largo y ancho del país que impidieron la libre circulación de vehículos–, el Gobierno nacional decidió contraatacar.
A los pocos días siete diputados nacionales del Frente para la Victoria –Carlos Kunkel, José María Díaz Bancalari, Diana Conti, María Teresa García, Juan Manuel Pedrini, Gustavo Martínez Campos y Sandra Mendoza– presentaron un proyecto denominado “Ley de convivencia en manifestaciones públicas”, que tiene como objetivo reducir al mínimo los piquetes y cortes de calles. La iniciativa comienza diciendo: “La presente tiene su origen en la necesidad de saldar una deuda legislativa garantizando los derechos de los ciudadanos en el contexto de las manifestaciones públicas”. Para más adelante fijar una posición clara con respecto a los cortes de calles: “Ningún derecho es absoluto, lo que significa que toda potestad puede ser reglamentada, aunque con la prudencia precisa para no resultar cercenada”. El grupo de kirchneristas que impulsa el proyecto de ley saca a relucir el supuesto aval de Cristina Fernández de Kirchner señalando en el escrito presentado en la Cámara de Diputados lo siguiente: “La Presidenta de la Nación nos llamó a legislar sobre el particular al abrir las sesiones de este año, al decir (…) que el derecho de protesta se encuentra amparado por la Constitución Nacional y reconocido por Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional aunque esto no habilita a que se ejerza ilimitadamente y sin ninguna clase de regulación, en desmedro de derechos igualmente atendibles de otros ciudadanos”.
Otro de los párrafos de la iniciativa vuelve a poner énfasis en que Cristina se opone a los piquetes como forma de extorsión política, haciendo referencia a la utilización que hacen de esa forma de protesta los sectores opositores al Gobierno nacional. Además de hacerse eco del malhumor social que generan los cortes. “La Presidenta de la Nación, al instarnos a legislar sobre las manifestaciones públicas, hizo énfasis en que ‘todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles impidiendo que la gente vaya a trabajar’. En este sentido, el reclamo de la Presidenta por la libertad de circulación es una demanda no solo política, sino eminentemente social; no es más legítimo el derecho a protestar que el derecho a circular libremente, y viceversa. Por lo tanto, es plenamente atendible la exigencia que se le hace al Estado de normas claras y que permitan transitar todo el territorio nacional, ya sea en calles, rutas o autopistas”, se lee en una parte del proyecto legislativo.
Lo que la iniciativa no explica es de qué manera concreta se limitarán los piquetes. El propio Kunkel manifestó que el proyecto servirá para que se comience a debatir el tema entre todos los bloques políticos de la Cámara de Diputados y, de esta manera, se intente llegar a un consenso. Sin embargo, dejó trascender que la idea que el oficialismo sostendrá en el recinto se basará en que todos aquellos que deseen hacer una manifestación de protesta que incluya el corte de calles deberán pedir, con más de un día de anticipación (por lo menos 48 horas antes), permiso a las autoridades públicas. Además, si el corte de una avenida o calle lo lleva adelante un número de personas reducido, deberá ser solo parcial para ser permitido. Según destacó el propio Kunkel, hoy la mayoría de los piquetes que se realizan en la Ciudad de Buenos Aires se componen de no más de cien personas que cortan totalmente una arteria e impiden la circulación del resto de la población. De allí la restricción mencionada. En cambio si el número de manifestantes es considerable, se aceptaría un corte total. Al respecto, Kunkel puso como ejemplo que nadie le pediría a 10 mil personas marchando por la avenida General Paz que dejen un carril libre.
El proyecto ya generó una fuerte discusión en el seno del Frente para la Victoria. Los principales ministros nacionales, los gobernadores, los diputados y en especial el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, avalan la iniciativa. Pero dentro del kirchnerismo el proyecto cosecha, también, enemigos acérrimos. Los principales opositores a la iniciativa son el piquetero ultra-K Luis D’Elía y el titular del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, quienes por lo bajo y ante sus pares no consideran para nada democrático que el Gobierno decida qué marcha puede realizarse y cuál no. Además, todavía se sigue discutiendo qué hacer con las marchas que no pueden ser previstas con anterioridad. Si bien en este caso el Gobierno nacional se resignaría a aceptarlas, se estudia la manera de no generar un hueco legal que, con la excusa de la espontaneidad del conflicto social, permita que por allí se filtren todos los cortes de calles.
Fuentes del kirchnerismo que fueron consultadas por Noticias Urbanas y que miran con recelo este proyecto aseguran no saber quién será el que actúe como “árbitro dentro del Gobierno nacional para decidir si a una marcha se le dará luz verde o no, porque Cristina no puede estar decidiéndolo todo”.
Un peronista cercano al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, con un pasado junto a los K, le manifestó a NU que “hay un temor en los sectores piqueteros afines a CFK de que, en un futuro cercano, caigan en desgracia y terminen siendo echados de la calle sin contemplaciones”. “El Gobierno –añadió el dirigente– teme que, a medida que se acerquen las elecciones presidenciales, la conflictividad en las calles aumente y a eso se sume el malestar creciente de la clase media por la inseguridad y la inflación. Y que tanto los sectores de menores recursos como los medios terminen conformando un cóctel explosivo.”
Por otro lado, el sector interno del Frente para la Victoria que se opone al proyecto de ley cree que con esta medida el Gobierno nacional se derechiza y termina haciéndose cargo del discurso de la oposición más dura con las políticas populares que, según ellos, son el eje central del modelo K.
Kunkel y los suyos, por su parte, dicen haber tomado nota del malestar creciente de la sociedad en su conjunto contra los piquetes indiscriminados, mientras hacen mutis por el foro cuando se plantean otras especulaciones de cierto peso sobre el proyecto de ley. Así, pretenden sumar a un sector de la oposición para avanzar legislativamente y darles autonomía a los gobiernos provinciales para que, en caso de aprobarse la norma, la apliquen de la manera que crean más conveniente. Está claro que habrá cruces por lo que viene y, lamentablemente para el gobierno de Cristina Kirchner, muchos saldrán de sus propias filas.
