El Gobierno nacional presentó a los participantes del Foro de Inversión y Negocios de Argentina, la propuesta que enviará al Parlamento para tener una Ley de Participación Público Privada (PPP) que permita el desarrollo de proyectos de infraestructura, tecnología, energía y vivienda, entre otros, a partir de establecer reglas claras para atraer al capital externo.
“Estos programas Conjuntos Urbanos Integrados ya los dimos a conocer en Mendoza y en la Capital Federal y próximamente viajaremos a otras ciudades como Córdoba, Salta y Jujuy para interesar a desarrolladores de todo el país”, dijo Marcelo Busellini, director nacional de Nuevos Desarrollos de Vivienda del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
Busellini explicó que el 95 por ciento del déficit habitacional argentino se concentra en sectores de bajos ingresos (60 por ciento) y sectores medios (35 por ciento).
El programa se denomina Conjuntos Urbanos Integrados (CUI) y tiende a la “mixtura social” para que en un mismo proyecto urbanístico haya beneficiarios de distintos segmentos sociales.
El programa está destinado “a reducir el déficit habitacional de la base de la pirámide social y de sectores medios, priorizando la mixtura social”, apuntó Busellini.
El programa de los Conjuntos Urbanos Integrados apunta a tres variantes de vivienda: entre el 20 y 40 por ciento será para vivienda social; entre el 40 y 80 por ciento para unidades que son adquiridos por crédito hipotecario, como del plan Procrear y un 20 por ciento de las unidades serán viviendas de demanda libre o áreas comerciales.
“En los casos de unidades aptas para ser adquiridas por crédito hipotecario, son pagadas por el desarrollador y el Estado le asegura la demanda”, detalló.
El funcionario expresó que en el caso de vivienda de demanda libre o áreas comerciales, si lo permite la zonificación de tierras, se podrán hacer locales comerciales “todo a riesgo del desarrollador”.
Explicó que el rol del sector púbico es “facilitar, agilizar los trámites de obra en los municipios, para obtener rápidamente la aprobación de los proyectos, para que no se tarde en las subdivisiones”.
“Entidades que agrupan a desarrolladores como la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) construyeron para quintiles de más altos ingresos de la población y esto les abre la cabeza para ver otro tipo de oportunidad”, explicó Busellini.
En estos proyectos, la tierra en la que se construirán los emprendimientos es fiscal municipal o incluso puede ser de los propios desarrolladores.
La Ley de Participación Público Privada fue promulgada a fines del año pasado y su objetivo es desarrollar proyectos en los campos de infraestructura, vivienda, actividades y servicios, inversión productiva, investigación aplicada e innovación tecnológica.
La normativa, que incluye controles medioambientales y de la responsabilidad del contratista, fija en un 33 por ciento la obligación de participación de bienes y servicios de origen nacional en los contratos de obra pública.
