La Corte Suprema de Justicia desestimó los pedidos de excusación y recusación formulados por el Estado contra sus integrantes en el marco de la causa en la que se discute el recorte de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. La decisión podría complicar fuertemente los planes del nuevo presidente, Javier Milei.
La decisión habilita al máximo tribunal a ejecutar una sentencia multimillonaria, lo que podría complicar aún más las finanzas de la administración nacional en el inicio de la gestión de del Presidente de La Libertad Avanza (LLA),
La medida cautelar fue dictada hace un año, en diciembre de 2022, y estuvo paralizada todo el año hasta ahora. Para entender el alcance del fallo hay que retrotraerse a diciembre de 2022, cuando el máximo tribunal dispuso una medida cautelar a favor del gobierno porteño.
A partir de esa resolución, el monto actualizado que la administración nacional adeuda a CABA es de $220.000.000.000 (220 mil millones), a lo que también se sumarían intereses relativos al período del 1 al 21 de diciembre de 2022.
El año pasado, cuando la Corte dictó esta resolución, provocó una reacción de los gobernadores del interior que derivó -entre otras causas- en el inicio del juicio político que el kirchnerismo motorizó en la Cámara de Diputados. Recientemente ese proceso terminó con la firma de un dictamen de acusación, pero el peronismo no cuenta con los votos necesarios para aprobarlo.
El presidente electo Milei anunció públicamente que rechaza el juicio político. Buscó también tender puentes de diálogos durante una visita de su futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, al cuarto piso del Palacio de Tribunales. No obstante, la decisión le marca la cancha al inicio de su mandato ya que la Corte quedó habilitada para embargar cuentas públicas por el monto de la deuda.
El fallo fue rubricado por los ministros Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz. Ricardo Lorenzetti no firmó. Según fuentes del Tribunal, el magistrado no quiso avalar lo que considera un encubrimiento de una conducta censurable de Robles, a quien le pidió un sumario administrativo.
El rechazo de las recusaciones se hizo sin trámite alguno y sin el informe del art. 22 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, lo que muestra cierta preocupación entre los ministros que firmaron en este espinoso tema.
La Corte le recordó al Estado Nacional que “la facultad de excusación de los jueces, mediando causa legal de recusación o no, es ajena a la actividad procesal de las partes”.
Sobre las recusaciones, remarcó que aquellas que “resultan manifiestamente improcedentes deben desestimarse de plano, y tal carácter revisten las que carecen de todo sustento por no encuadrar en las causales previstas en el artículo 17 del Código Procesal”.
En esa línea, el tribunal señaló que “resulta manifiestamente inadmisible toda alegación de prejuzgamiento motivada en la opinión que el Tribunal se haya visto en la necesidad de emitir acerca de puntos relacionados con la materia controvertida, lo que ocurre, entre otros casos, al decidirse sobre la admisión o rechazo de medidas cautelares”. En tal sentido, remarcó “no importa prejuzgamiento ni interés personal aquellas actuaciones de los jueces de la Corte realizadas en un procedimiento anterior propio de sus funciones”.
Los antecedentes del caso
En septiembre de 2020, Alberto Fernández decidió de forma unilateral recortar la coparticipación de CABA para financiar un aumento salarial a la Policía Bonaerense, que se encontraba de paro y había puesto en jaque a la provincia gobernada por Axel Kicillof.
El Estado Nacional hizo su primera presentación ante la Corte el 27 de diciembre de 2022. Solicitó que todos los ministros se excusen por haber anticipado definiciones sobre la cuestión de fondo en la cautelar que el máximo tribunal resolvió el 21 de diciembre de 2022. Además, los recusó por considerar afectado el debido proceso, particularmente la garantía del juez objetivo e imparcial. En cuanto al ministro Rosenkrantz, consideró que debía excusarse porque ya lo había hecho en la causa de Santa Fe en su reclamo de coparticipación contra el Estado.
Posteriormente, el 1 de febrero de 2023, el Estado volvió a recusar particularmente al Dr. Rosatti, fundándose en que habría una negociación incompatible entre Robles, director de su vocalía y personas vinculadas a una de las partes. Invocaron que una de las partes tenía información sobre lo que iba a suceder, violando reglas de imparcialidad.
La respuesta es que se trató de un empleado y no del Ministro y que son meras conjeturas, y es lo que motivó, probablemente, que Lorenzetti no firmara, ya que pidió un sumario administrativo por violación a la ética.
La Corte remarcó que esta solicitud “se funda en hechos que la propia recusante reconoce como inciertos y que, más allá de su veracidad o falsedad y del carácter lícito o ilícito de su procedencia, no se atribuyen al magistrado sino a un colaborador suyo, sin aportar indicio alguno tendiente a demostrar que las conductas denunciadas involucren al juez recusado”.