El jefe del bloque del Partido Socialista (PS), Roy Cortina, presentó un proyecto que propone modificar el Código Contravencional de la Ciudad para sancionar a quienes ofrecen servicios de cuidado de coches o limpiavidrios en la vía pública, sin autorización, agravando las penas previstas en la legislación vigente e incorporando nuevas conductas punibles.
Puntualmente, la iniciativa dispone que cuando exista organización previa, la pena para los partícipes sea de cinco (5) a quince (15) días de arresto y se eleve al cuádruple para los jefes/as y/o coordinadores/as. La misma sanción se aplica a la realización de la actividad en caso de espectáculos masivos deportivos o artísticos, en cuyos alrededores el Ministerio Público Fiscal deberá disponer Oficinas Móviles para recibir denuncias sobre estas contravenciones.
La propuesta de Cortina plantea que cuando se compruebe la participación de personas vinculadas al club donde el evento se realiza, corresponda que se sancione a la institución deportiva con multa o clausura, sin perjuicio de las responsabilidades individuales. También, va contra los agentes policiales que de cualquier modo consientan u omitan disuadir o perseguir estas conductas, previendo su suspensión y eventual separación del cargo, además de considerarlos partícipes de la contravención, con los agravantes que corresponden a su carácter de funcionario público.
El diputado socialista considera que las personas que lo hacen por razones de subsistencia y sin mediar la exigencia de una retribución, no deben ser pasibles de sanción pero tampoco seguir realizando esta actividad. En esos supuestos, se obliga al Poder Ejecutivo a realizar un seguimiento de su situación social y vincularlas con instancias de terminalidad educativa, formación laboral, incorporación al empleo formal y/o desarrollo de microemprendimientos.
Sobre las razones de esta presentación que formalizó a mediados del año pasado, Cortina expresó: “Hace falta generar herramientas legales que nos permitan desterrar de las calles porteñas a las redes mafiosas que recurren a la intimidación y otras metodologías violentas, para lucrar a costa de automovilistas desprotegidos”.
“La prohibición ya existe en el Código Contravencional desde hace años pero los términos en los que está planteada la volvieron inaplicable. Tenemos que revisar los alcances de la conductas sancionadas para que la ley pueda tornarse efectiva, ser mucho más severos con las organizaciones y los barrabravas, combatir la connivencia policial y ofrecer otro tipo de alternativas a las personas en situación de vulnerabilidad para que no tengan que ser trapitos”, finalizó.
