Cuatro abogados defensores de directivos de la empresa Cotreco presentaron ante el juez federal Ricardo Bustos Fierro una denuncia penal contra Jorge Martín, exresponsable de la sección penal tributaria de la Afip Dirección Regional San Juan por falsa denuncia y violación de los deberes de funcionario público.
Ese exfuncionario de Afip fue quien, en agosto de 2019, aportó a la Justicia federal de Córdoba los elementos que mantienen imputados a Horacio Busso, titular de Cotreco, y a otros cuatro directivos de la firma por apropiación indebida de tributos y de recursos de la seguridad social, según publicó el diario La Voz.
Esa denuncia del exfuncionario de Afip se sumó a la efectuada el 25 de setiembre de 2018 por el gremio de los recolectores (Surrbac) por una supuesta deuda de Cotreco con la obra social del sindicato y dio lugar a la investigación del juez Ricardo Bustos Fierro que compremete a los directivos de Cotreco. Ahora, cuatro de los abogados defensores de los directivos procesados hicieron una presentación penal por falsa denuncia contra el denunciante Martín. La presentación está firmada por Facundo Cortez Olmedo, Mario Seleme, Manuel de Allende y Germán Gianotti.
“Venimos a formular denuncia penal, a los fines que se investiguen los hechos ilícitos denunciados que hoy saltan a la vista, son inocultables y son de una gravedad institucional enorme, debiendo establecerse las responsabilidades penales derivadas de ellos”, sostiene el texto.
En otros siguientes párrafos, se apunta a la supuesta falsedad de la denuncia, “urdida por el citado funcionario en cuanto a períodos y montos, observando el ocultamiento y la distorsión de la realidad en la información presentada al juez, respecto de la conducta fiscal de Cotreco”.
Deudas declaradas
Según la presentación de los abogados de Cotreco, toda la deuda que el informe de Afip atribuye a la empresa resulta de las declaraciones juradas presentadas por la propia empresa. “Es decir, se trata de deuda declarada por Cotreco, cuyos montos, incluso, se encuentran bajo análisis y consideración en el marco del proceso concursal que lleva adelante la justicia comercial competente”, indica la denuncia, para desmentir que haya existido ocultamiento o intención de apropiarse de tributos.
Los letrados también sostienen que “la falsa denuncia que se ha formulado, ha pretendido engañar al juez federal acerca de los extremos de la imputación penal, ocultando a su consideración, elementos de juicio esenciales (como pagos) buscando que éste dicte resoluciones contrarias a los derechos e intereses de los imputados”.
También se cuestionan “las innecesarias e injustificadas órdenes de allanamiento e intervenciones telefónicas realizadas por el denunciante” de la Afip contra los directivos de Cotreco.
“Fueron procedimientos intrusivos e innecesarios ya que se trataba de deudas declaradas fielmente, donde jamás existió resistencia alguna a los periódicos controles del fisco sobre la empresa, como quedo acreditado en el informe de la propia Afip”, dice la presentación penal.
Según la denuncia y la versión empresaria, la propia Afip delegación Córdoba determinó luego la enexactitud de la denuncia inicial del funcionario sanjuanino del organismo recaudador. “Los elementos aportados por el organismo fiscal, muestran que en base a falsedades y ocultamientos deliberados se pretendió criminalizar la conducta de la empresa que presta un servicio público desde hace años, paga sus impuestos y da trabajo a cientos de personas”, sostiene el comunicado de prensa de Cotreco.
Hasta el momento, no está clara la razón por la cuál fue Afip Delegación San Juan –y más precisamente, el entonces responsable de la sección penal tributaria de esa delegación, Jorge Martín– la encragada de responder un requerimiento que Bustos Fierro había realizado a la Afip Córdoba.
La causa por evasión contra Cotreco investiga maniobras que supuestamente llegan a los mil millones de pesos. Los abogados de la empresa consideran demencial esa cifra y aseguran que no tiene correlato alguno con la deuda de la firma con Afip y la seguridad social. A fin de junio pasado, al mismo tiempo en que procesó a los cinco directivos de la empresa, el juez Bustos Fierro apartó de la investigación al fiscal Enrique Senestrari por “falta de objetividad”. El fiscal había sido recusado en cinco oportunidades por su actuación y por las opiniones públicas sobre la causa.
