“Mi primera cuota, en diciembre del 2017, fue de 9.800 pesos; la del mes que viene va a ser de 86.000 pesos”. La situación de Paola Gutiérrez, una de las fundadoras del colectivo Hipotecados UVA y tenedora de un crédito para comprar su propia vivienda, es la misma que la de las 105.000 familias que en 2016 accedieron al programa Créditos Hipotecarios UVA.
“Mi situación particular es igual a la de todos. Yo soy una familia monoparental con un hijo adolescente, que terminó el colegio el año pasado, sin trabajo y estudiando. La deuda que contrajimos es insostenible”, contó a Noticias Urbanas.
Este programa fue lanzado en ese año por el gobierno de Mauricio Macri para que la clase media pudiese alcanzar el sueño de la casa propia a través de cuotas similares a las de un alquiler, calculadas según el tope del 25% de los ingresos del comprador, a tasa fija y sujetas a una inflación que, según el Presupuesto Nacional, sería del 10%.
Pero el sueño duró poco y la pesadilla parece ser eterna. Las cuotas pasaron a tener un tope del 35% de los ingresos familiares, la inflación prevista para ese año se quintuplicó y la crisis acentuada del país llevó a que miles de familias tengan deudas millonarias con los bancos prestadores. Y la suerte no cambió: a todo esto le siguió una pandemia y el pasado martes 15 el INDEC informó que en los últimos 12 meses el índice de precios acumuló un 88% de aumento. Aún más, la OCDE estipula que la inflación del 2023 en Argentina podría superar nuevamente el 80%.
“La situación que atravesamos es muy delicada. La inflación no para de crecer y nuestras deudas van creciendo junto con ella y además se le suma una tasa de interés anual que va desde el 3,5% al 15%”, relató Gutiérrez, quien denunció que “los bancos hacen lo que quieren”, ya que “no hay reglas claras”.
Es por eso que el debate por los créditos UVA volvió al Congreso Nacional. El pasado miércoles 16, la Cámara de Diputados comenzó a buscar una solución para los deudores, de la mano de al menos tres proyectos de ley presentados por el diputado de Juntos por el Cambio, Julio Cobos; por el oficialista José Luis Gioja y por Córdoba Federal, de la mano de Claudia Márquez.
Recalcular el capital
El colectivo de hipotecados UVA exige que, sea cual sea el proyecto que se apruebe en el recinto, éste “recalcule el capital de manera que la cuota que se pague sea razonable en este contexto hiperinflacionario”. Aun así, estas familias necesitan que la nueva ley contemple el sobreendeudamiento en el que han caído a causa de una “política pública claramente fallida”.
“No sólo pagamos mucho más que un alquiler cada cuota, sino que, en mi caso, saqué una deuda de 2 millones de pesos, pero hoy debo 13 millones”, relató la entrevistada, que revista en una situación similar a la de aquella pesadilla que significó la Circular 1050 de 1980, cuando el presidente del Banco Central, Adolfo Diz, autorizó la indexación de los créditos hipotecarios por una tasa basada en la inflación. El problema es que, justo en ese tiempo, el plan de estabilización de José Alfredo Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, comenzaba a mostrar su fracaso.
Como la mayoría de las y los hipotecados, evalúan vender la casa. Pero no es para ellos/as, una opción viable tampoco, ya que “ha habido familias que quisieron vender la propiedad” pero “con lo que vendían no llegaban a cubrir la deuda que tenían en el banco”. Además, Gutiérrez aseguró que el banco no entrega el 100% del valor de la propiedad a quienes quieran venderla. “El Banco Nación daba hasta el 75% del valor de la propiedad y el banco que menos daba, entregaba el 25%. Hay gente que puso los ahorros de toda su vida. Los bancos se van a terminar convirtiendo en inmobiliarias”.
Como ejemplo positivo, “hay un fallo con sentencia firme en Mendoza que retrotrae el crédito a agosto del 2019, que fue cuando Macri perdió las PASO e instauró el primer congelamiento de las cuotas”. Por eso, este colectivo pide que “los legisladores piensen en las familias y no en los bancos”, ya que la situación para éstas es ya insostenible.
“Estos créditos nacieron en el 2016, llevan seis años y ya tuvimos más de ocho medidas entre congelamientos, diferimientos y otras medidas”.
Estado interviniente
Las y los hipotecados UVA quedaron entrampados entre las políticas del Estado y las disposiciones de las entidades bancarias. Ellxs se autodefinen como “víctimas de publicidad engañosa, avalada por el Estado”. Incluso, argumentó Gutiérrez, cuando la UVA nació tenía un valor de 14 pesos en abril del 2016, y para el 10 de diciembre ya valía 176 pesos. “No hay familia que pueda sostener esto”, alegó.
Al respecto, también expuso que “tenemos un video del Banco Central, certificado por escribano, que decía en ese entonces que las cuotas nunca iban a superar el 25% de nuestros ingresos, pero eso es mentira. Hoy el gobierno puso un tope del 35% y esos 10 puntos de diferencia en una economía familiar hacen un desastre”.
La solución para estos adeudados/as es un Estado interviniente. “No pedimos que los bancos no ganen, pedimos que no ganen estas cifras exorbitantes. Ganaron más de 300 mil millones entre octubre del año pasado y octubre de este año. Queremos pagar una hipoteca justa. Esto es una usura avalada por el Estado”, exigió.
“Yo les diría a los diputados que nos dicen que nosotros hicimos un negocio, que salgan a caminar la Argentina. Tenemos un colectivo que es nacional y federal, por ende, estamos todas las provincias conectadas. No es lo mismo CABA o parte de la provincia que provincias como Catamarca, Jujuy, Formosa, Entre Ríos, La Rioja y Salta. No se gana lo mismo y las casas no ganan lo mismo”, se quejó Paola Gutiérrez.
Voces del recinto
Hay diputados y diputadas que no sólo comprenden la urgencia de este escenario, sino que también apoyan a las familias.
La diputada Alicia Aparicio (Frente de Todos) explicó que hay “una gran cantidad de proyectos: la idea es abordar el inicio de esta temática para dar soluciones y llegar a acuerdos políticos”. Luego, agregó que “es necesario buscar una solución que permita darles tranquilidad a las familias tomadoras y al mismo tiempo no afectar el patrimonio de las entidades públicas”.
Por su parte, Julio Cobos, quien en abril de este año presentó un proyecto para renegociar los contratos, busca “no sólo encontrar solución a los hipotecados, sino ver si se recupera el crédito en la Argentina. Hoy no lo hay y la necesidad es muy grande. Es un problema que ha sido detectado por los tres poderes. Cuando se rompió la proporción salario-cuota, se originó una inequidad contractual”.
El exgobernador mendocino expresó que “la solución debe contemplar un esfuerzo compartido, entre el Estado, el banco y los beneficiarios. Y tiene que perseguir a los futuros créditos y a la situación para atrás, que alivie a los tomadores, que no desfinancie al Estado y que no perjudique el ahorro ni el sistema financiero y que a la vez reactive el sistema de créditos hipotecarios, sostenido en el tiempo”.
En tanto Myriam Bregman, de PTS-Frente de Izquierda y de los Trabajadores–Unidad, habló de “una estafa estatal, organizada por una ley del Estado y votada por la mayoría de los legisladores. Hay que dar una solución urgente. Comenzaron los remates, eso es lo más grave. Tenemos que poner una fecha para que esto se trate de manera urgente”.
Martín Tetaz, desde Evolución Radical, opinó que la Argentina “es uno de los países que menos crédito hipotecario tiene. Tiene un problema grave y no tiene crédito. Hay otro problema serio, que es la inflación y esto impide un crédito a largo plazo. En ese contexto, aparecen los créditos UVA. Como primera medida, tenemos que defender el sistema y corregir para la baja de la inflación”.
A continuación, el legislador, que en el pasado promocionó y aún defendió esta clase de créditos, concluyó que “el problema se denomina ilusión monetaria, es la caída de los salarios. La solución es terminar con la inflación y desarrollar un mercado de capitales”.