El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, disolvió este miércoles la Asamblea Nacional del país, liderada por la oposición, una medida drástica en un momento en el que el líder derechista se enfrentaba a un proceso de destitución por acusaciones de malversación de fondos.
La medida constitucional, que nunca se había utilizado, permite que el presidente gobierne por decreto hasta que puedan celebrarse nuevas elecciones, marcando un momento de extraordinaria turbulencia política para un país de 18 millones de habitantes que ya vivía una tormenta política.
Durante mucho tiempo, Ecuador ha sido un refugio relativamente seguro en la región pero en los últimos años el panorama se ha convulsionado con el aumento de la violencia y una tasa de homicidios que se disparó, a medida que grupos de narcotraficantes cada vez más poderosos luchan por el territorio.
Los legisladores de la oposición acusaron a Lasso de hacer la vista gorda ante las irregularidades y la malversación de fondos en un contrato entre una naviera estatal y una empresa petrolera que no cumplía sus promesas, acusaciones que aparecieron por primera vez en los medios de comunicación. La Corte Constitucional del país aprobó posteriormente una acusación de malversación contra el presidente, pero rechazó dos acusaciones de soborno.
La acusación estaba siendo investigada por la Asamblea y es de naturaleza política. No se trata de un cargo criminal.
La semana pasada, la Asamblea Nacional votó a favor de iniciar las audiencias de destitución, pero todos los procedimientos se paralizaron definitivamente cuando Lasso disolvió el órgano legislativo.
El presidente ha negado repetidamente las acusaciones, señalando que el contrato se firmó antes de que él asumiera el cargo.
“Son los mismos proponentes de este juicio quienes reconocen que no tienen nada”, dijo Lasso el martes durante el juicio político. “El juicio es político”.
Y añadió: “Esto no se trata de si se salva o no una presidencia —porque eso también es temporal— sino de preservar el funcionamiento de nuestra democracia”.
Esta fue la segunda vez que la oposición intentó destituir a Lasso de la presidencia desde que asumió el cargo en 2021.
Se ha enfrentado a crecientes críticas y peticiones de destitución por parte de grupos de la sociedad civil ante las crecientes tasas de delincuencia, extorsión, secuestros y robos. Las bandas se disputan el control de las rutas de la droga y han adquirido un mayor control sobre las prisiones del país, lo que ha provocado varios motines en penales y masacres en los últimos tres años.
Durante semanas, el presidente y el Congreso se enzarzaron en disputas. Los legisladores amenazaban con destituir a Lasso y éste les respondía diciendo que iba a disolver el Congreso y convocar nuevas elecciones, una medida conocida en Ecuador como muerte cruzada.
El mecanismo se incluyó en la Constitución en 2008 como herramienta para poner fin a los bloqueos entre la presidencia y el poder legislativo. Pero hasta ahora ningún presidente lo había aplicado.
Con los índices de aprobación de Lasso en descenso, en algunos casos por debajo del 20 por ciento, tendrá que gobernar por decreto hasta que se celebren nuevas elecciones. La Constitución le otorga a la autoridad electoral nacional siete días para establecer la fecha de la votación presidencial y legislativa. El presidente y la Asamblea Nacional que se resulten elegidos gobernarían hasta el final del mandato original, 2025.
La disolución de la Asamblea amenaza con socavar la democracia del país. Un jefe de gobierno que convoca nuevas elecciones es habitual en las democracias parlamentarias, pero no tiene parangón en las democracias presidenciales de América Latina, dijo Mauricio Alarcón Salvador, director del capítulo de Transparencia Internacional en Ecuador.
“Ver a un presidente cerrar la Asamblea y asumir el poder legislativo de manera transitoria es indudablemente un golpe para la democracia”, dijo, en particular al sistema de pesos y contrapesos “que debería estar vigente en cualquier democracia del mundo”.
La decisión de Lasso se produce en medio de la agitación en la región. En diciembre, el presidente de Perú intentó disolver el Congreso, en ese caso de manera ilegal, lo que condujo a su destitución y detención, y a protestas generalizadas que terminaron con decenas de muertos.
En enero, partidarios del expresidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en la capital, argumentando que las elecciones de noviembre en las que fue derrotado habían sido amañadas.
Algunos activistas de derechos humanos afirmaron que les preocupa que el poder de Lasso para gobernar por decreto pueda abrir la puerta a graves violaciones de derechos, como el uso de leyes antiterroristas para atacar a organizaciones indígenas y otros grupos que podrían oponerse a él.
Que el poder ejecutivo gobierne por decreto podría seguir “exacerbando, siga favoreciendo los intereses de la banca, de las empresas mineras petroleras y de ciertos sectores privilegiados en detrimento de los derechos de mayorías”, dijo Lina María Espinosa, abogada de derechos humanos.
El primer acto de Lasso el miércoles con sus nuevos poderes fue un recorte de impuestos para las empresas y los ecuatorianos de clase media, una medida que fue bien recibida por María Paz Jervis, presidenta de la Cámara de Industrias y Producción, un grupo empresarial.
Si bien la disolución de la Asamblea podría provocar disturbios y afectar a la economía, Jervis dijo que las nuevas elecciones eran un avance positivo para un país que necesitaba crecimiento económico, combatir la pobreza y generar más empleos.
“Después de este hastío, de este agobio que hemos sentido con esta clase política, creemos que es el momento de inaugurar una nueva política en el Ecuador”, dijo.
