La vicepresidenta Cristina Kirchner pidió el miércoles la detención de tres miembros de Revolución Federal -Jonathan Morel, Leonardo Sosa y Gastón Guerra- al asegurar que intentaban contratar a un sicario para asesinarla.
En un nuevo llamado de atención a la Justicia, la exmandataria cargó contra los camaristas que entienden en la causa por el intento de magnicidio y se preguntó: “¿Qué más necesitarán? ¿Que me maten?”. Asimismo, los responsabilizó en caso de que le vaya a suceder algo.
“Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado Revolución Federal, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra”, precisó la vicepresidenta en relación con estos tres jóvenes que ya estuvieron detenidos en su momento, pero luego fueron liberados. Ahora están procesados.
Ante la prueba incorporada el pasado 19 de diciembre a la causa que investiga al grupo autodenominado “Revolución Federal”, mis abogados acaban de pedir nuevas medidas de prueba y la detención de Morel, Sosa y Guerra.https://t.co/2SqMJt6eCl
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022
“De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario. El dinero se encontró y el sicario está preso”, siguió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.
Y en el último mensaje fue contra los jueces Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. “¿Qué más necesitarán Bruglia, Bertuzzi y Llorens para unificar causas y detener a todos los responsables? ¿Que me maten? En ese caso ya todos y todas sabrán que, además de quien empuñe el arma, habrá otros responsables”, sostuvo.
De las conversaciones descubiertas entre estos integrantes de Revolución Federal surge que planeaban juntar dinero para contratar un sicario… El dinero se encontró y el sicario está preso.
— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 28, 2022
La vecina sospechosa
A sus tuits, la vicepresidenta sumó el escrito que presentaron sus abogados. Allí se plantea primero que, de acuerdo a la prueba, existe una “evidente cercanía” entre los miembros de Revolución Federal y sus allegados con el atentado contra ella. Además, piden ahondar la investigación sobre el financiamiento de esta agrupación.
Una de las cuestiones iniciales a las que hacen alusión los letrados es a los contactos entre Revolución Federal y la vecina del edificio en Recoleta Ximena De Tezanos Pinto. “Mientras De Tezanos Pinto se mostraba públicamente como una persona conciliadora y amable, en su ámbito privado recibía a gente que quería matar a Cristina Kirchner. En otras palabras, elaboró una pantalla discursiva para poder actuar con tranquilidad”, plantean en el escrito.
Descreen también que Guerra haya ido al domicilio de la mujer solo para realizarle trabajos en su hogar, sino que dicen que en las conversaciones extraídas del teléfono del militante queda plasmado que Tezanos Pinto le “pasaba información de los sucesos diarios y los movimientos” de la dirigente del Frente de Todos.
“Las fechas en las que Guerra, al que también se sumó Sosa, estuvo en el domicilio de De Tezanos Pinto coinciden con el momento en el que Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte estaban en las inmediaciones de Juncal y Uruguay esperando el momento preciso para atentar”, sostienen los abogados de la vicepresidenta sobre la pareja de jóvenes que están presos por el intento de magnicidio.
“Ese mismo 27 de agosto, aparece una alusión en los teléfonos de Guerra, Morel y Sosa a que ‘necesitaban’ vecinos de la zona para poder atacar a la vicepresidenta y hablaban de ‘tirar kerosene desde los balcones’. Por si esto fuera poco, también es sospechoso que De Tezanos Pinto diese de baja la publicación de sus habitaciones en alquiler y haya sacado las banderas de su balcón un día después de su atentado”, aseguran desde la querella, donde consideran “absolutamente inverosímil” que la mujer haya conocido “por casualidad” a Guerra.
“De Tezanos Pinto subía videos a sus redes sociales en los que filmaba la calle desde su balcón y contaba lo que veía: ¿era esta una forma de pasar información a los potenciales asesinos?”, se preguntan.
“El día 15 de agosto se dio una conversación en la que estaban Morel y Sosa, en la se habló de hacer una ‘vaquita’ para contratar un sicario para matar a la vicepresidenta. De Tezanos Pinto recibió en su casa a dos personas que estaban decididas a matar a Cristina. Así como De Tezanos Pinto comenzó a mostrarse amable mediáticamente, Guerra se ganó la amistad de las personas del edificio para ingresar sin problema, tal como relató en la ampliación de su declaración indagatoria. Mientras tanto, los dos conversaban entre sí sobre los movimientos de la vicepresidenta. Afuera, Sabag Montiel y Uliarte esperaban el momento justo para matarla, con un método calcado del propuesto por Jonathan Morel”, siguen.
Entonces, sintetizan en que más allá de la situación de la vecina, lo central son “los constantes paralelismos” entre el accionar de Revolución Federal y el de los ejecutores del atentado.
“¿Fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal?”
“Todo esto nos lleva a una pregunta que surge naturalmente: ¿fue Sabag Montiel el sicario de Revolución Federal? Todavía no lo sabemos, pero la conversación entre Sosa y Morel existe, y en la causa varios testigos dijeron que Sabag Montiel solo podría haber hecho lo que hizo por dinero”, expresan en la presentación.
“La posibilidad de que Revolución Federal haya contratado un sicario no se reduce a un mensaje de WhatsApp”, continúan, para alegar que Sosa y Morel tenían 50.000 dólares no declarados. Reparan asimismo en los 15 millones de pesos del Grupo Caputo que recibió Morel -según el joven dice- para realizar trabajos de carpintería. “En total, más de 100.000 dólares que bien podrían haber sido parte de ‘la vaquita’”, deslizan.
“Ambas causas tienen puntos en común no solo al nivel de los ejecutores, sino a un nivel político más elevado, que incluye a periodistas y líderes de agrupaciones más duraderas en el tiempo”, sostienen.
Y en otro tramo del escrito resumen su postura: “Este grupo incita a la violencia, pero es evidente que también busca ejercerla de modo concreto, con objetivos específicos. El más evidente es Cristina. Revolución Federal quería, y tal vez contrató, un sicario para asesinarla; Morel explicó en Twitter Spaces cómo matarla; Guerra y Sosa realizaron tareas de inteligencia en su edificio; otras personas ya habían hablado de entrar a su vivienda y pegarle un tiro. Y detrás, la alta sociedad: millones de pesos sin explicación provenientes un grupo perteneciente a la familia más cercana al expresidente Mauricio Macri; 50 mil dólares en manos de personas que no tienen el poder adquisitivo para adquirirlos; y, como se investiga en la causa 2998/2022, un diputado nacional de Pro (en alusión a Gerardo Milman) que sabía lo que iba a ocurrir”.
Los pedidos
En ese contexto, los abogados de la vicepresidenta pidieron, entre otras cosas que se allane el domicilio de Tezanos Pinto y se secuestre su celular y todo otro elemento de interés para la investigación, con el fin de esclarecer sus vínculos con Revolución Federal y que se realice un informe acerca de la actividad en redes sociales de la vecina y de las publicaciones relativas a las habitaciones que tenía en alquiler.
Asimismo, que se profundice la investigación sobre los contactos telefónicos mantenidos por Morel entre el 1 de septiembre y el 9 de septiembre de 2022.
Tras ahondar sobre el financiamiento, los abogados de la vicepresidenta solicitaron que se dicte el secreto de sumario.
El juez rechazó el pedido de Cristina
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi rechazó este miércoles todos los pedidos que le formuló la vicepresidenta, Cristina Kirchner, en relación con la presunta vinculación de la agrupación de ultraderecha Revolución Federal con el intento de magnicidio en su contra.
“En lo atinente a los pedidos de detención de Jonathan Morel, Gastón Guerra y Leonardo Sosa, cuya libertad ambulatoria ya ha sido decidida por la Cámara del fuero y sin que se advierta la modificación posterior de su comportamiento procesal en un sentido que altere los fundamentos del Superior, no ha lugar”, resolvió esta noche el juez.
No obstante, le sugirió a la querella que representa a la vicepresidenta –encabezada por los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal-, que peticione las detenciones a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a su cargo la investigación por el intento de asesinato propiamente dicha.
“Sin perjuicio de que la parte querellante formule la petición que estime pertinente en el marco de la causa 2998/2022 en base a los hechos que allí se ventilan”, deslizó Martínez de Giorgi, en relación con el expediente que investiga el atentado.
Sobre el pedido de indagatoria para la decoradora Rossana Caputo, quien contactó a uno de los líderes de Revolución Federal para que proveyera de mobiliario para un edificio que construyó la empresa Caputo Hermanos en la zona de Vaca Muerta, el juez supeditó una decisión en ese sentido al resultado “de las medidas que están en pleno desarrollo sobre el origen y destino de los pagos recibidos por Jonathan Morel”.
El juez desestimó el pedido de allanamiento a la vecina
Martínez de Giorgi también desestimó el pedido de allanamiento sobre el domicilio de Ximena De Tezanos Pinto, la vecina del piso de arriba del departamento de Cristina Kirchner en el barrio porteño de La Recoleta.
El juez consideró “apropiado requerir, en su lugar, los informes pertinentes a través de las redes sociales en las cuales la nombrada interactuaba para que se remita el abonado de telefonía celular al cual se encontraba asociado”.
“Cumplido ello, se informe la totalidad de la actividad de la nombrada entre la primera publicación de Revolución Federal y la actualidad”, ordenó el juez.
En ese sentido, explicó que “pudiendo resultar de interés y entendiendo que existen motivos suficientes, solicítese a Twitter y a Instagram que se informe las cuentas vinculadas a la nombrada -debiendo indicar el número telefónico asociado- y al abonado” que utilizaba otro de los referentes de Revolución Federal, Gastón Guerra.
El juez requirió que “se remitan las publicaciones y mensajes directos enviados y recibidos desde dichas cuentas desde el mes de abril hasta la actualidad”.
