Luego de los incidentes, varias fueron las voces opositoras que se expresaron sobre lo ocurrido en el Hospital Borda. Adrián Camps (Partido Socialista Auténtico), repudió la represión de la fuerza de seguridad porteña y pidió por “la inmediata libertad para las personas detenidas”.
“Permanentemente la Policía Metropolitana, en vez de actuar contra el delito, se dedica a reprimir y detener a personas indefensas, tal como ocurrió en el Parque Centenario”, agregó.
También criticó el accionar del Gobierno porteño el presidente de la Comisión de Salud de la Legislatura, Jorge Selser: “El operativo de represión estuvo a cargo de de la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal”.
“El Gobierno de la Ciudad no respeta siquiera a los funcionarios legislativos y estamos atravesando una situación muy crítica por el avasallamiento a las instituciones que está llevando adelante el gobierno de Mauricio Macri”, dijo.
Mediante un comunicado, el legislador Claudio Presman se solidarizó “con los más de 30 heridos entre trabajadores del Hospital, periodistas y legisladores” y expresó que “el macrismo en la Ciudad está adoptando la misma actitud patotera que caracteriza al kirchnerismo y que ayer se plasmó en la violencia ejercida por el Secretario de Comercio Guillermo Moreno quien irrumpió en una asamblea de trabajadores del diario Clarín”.
“Los caprichos inmobiliarios de Macri, no pueden arrasar ni con el patrimonio histórico, ni con el derecho al acceso a la salud pública de los vecinos”, finalizó Presman.
Elisa Carrió, diputada nacional, junto a los legisladores poreteños Fernando Sánchez, Maximiliano Ferraro y Rocío Sanchez Andia (Coalición Cívica – ARI) repudiaron la represión de la Policía Metropolitana, “Cuando se trata de sus negocios, Macri ejerce la represión sin impartarle los derechos de ciudadanos y trabajadores”, expresaron en declaración conjunta.
“Espanta la falta de sensibilidad de la clase dirigente y en especial del jefe de Gobierno en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo”, agregaron, y pidieron que se investigue la conducta de la Policía Metropolitana durante la represión.
Por su parte, el diputado socialista Roy Cortina, manifestó su más enérgico repudio a la represión y sostuvo: “Es inadmisible que los funcionarios porteños pretendan justificar lo que pasó en la existencia de una supuesta autorización judicial de las obras cuestionadas”.
“No es la primera vez que el gobierno del PRO recurre al uso brutal de la fuerza pública para resolver conflictos vinculados al uso de los espacios y lugares públicos, dejando al descubierto la matriz autoritaria de su gestión”, agregó Cortina.
Por último, el diputado nacional aseguró que “estos hechos constituyen un símbolo del desmantelamiento de la salud pública que está llevando adelante el macrismo, para priorizar negocios inmobiliarios que cuentan con el aval del Gobierno Nacional y el de sus personeros en la Legislatura”.
La diputada nacional Graciela Ocaña y el legislador porteño Daniel Amoroso, del Partido Confianza Pública, manifestaron su solidaridad con los heridos y expresaron que “esperamos que la justicia y la Auditoría Externa de la Policía Metropolitana, así como también el Gobierno de la Ciudad, puedan encontrar a través de las filmaciones a los efectivos que se excedieron en su accionar y no repararon en disparar balas de goma sobre los representantes de la prensa”.
A través de un comunicado, Ocaña y Amoroso solicitaron también que la justicia actúe para investigar “el posible accionar de infiltrados en el predio del hospital, ya que a través de los medios se ha podido observar la participación de encapuchados durante los hechos de violencia”.
El diputado Pablo Bergel (Proyecto Sur) manifestó que “el jefe de Gobierno Mauricio Macri, el jefe de Gabinete y el ministro de Seguridad son responsables directos de haber desatado esta violencia criminal contra personal médico indefenso poniendo en riesgo la vida y salud contra la comunidad del nosocomio”.
Bergel agregó que “si bien el terreno del Borda es hace tiempo acechado por la voracidad inmobiliaria que pretende hacer negocios en ese espacio bajo el nombre de “Centro Cívico”, con el acuerdo cómplice del bloque K y del bloque PRO, lo que está sucediendo en el Borda, es una verdadera guerra no declarada, nueva demostración del desenfreno psicopático de quienes nos gobiernan, han sido electos y cobran para velar por la seguridad y bienestar de los ciudadanos”.