Resultaría bastante difícil imaginar qué hubiera sido de este país en el último medio siglo si la justicia federal hubiese funcionado de manera razonablemente bien durante todo ese período, por recortar arbitrariamente lo más reciente de nuestra historia.
Quizás seríamos más parecidos en ese aspecto a algunos de nuestros vecinos más cercanos, y la gente hubiera vivido menos irritada y castigada desde Cambalache para acá, por citar un hito en el cual el tango ya daba cuenta de que por estos lares todo vale más o menos lo mismo.
La justicia en la Argentina está enferma de manera estructural y abarca esa definición a casi todos los sistemas vigentes en la actualidad, incluso a los máximos organismos como el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema de Justicia, el primero en colaboración con los otros dos poderes del Estado y la otra, lamentablemente, funcionando en el vértice de su propia decadencia.
Nos referimos a la estructura judicial, porque sería muy ingrato e injusto que una gran cantidad de excelentes profesionales queden embarrados porque la cancha está en pésimas condiciones tras la lluvia. Es más, debe ser bastante frustrante para ellos intentar desarrollar una carrera exitosa entre tantos obstáculos, sobre todo a medida que se avanza con el teorema de Baglini y uno se acerca cada vez más al lugar en el que las decisiones tienen distinto peso, riesgo y valor diferenciado. Cerca del poder, para decirlo con todas las letras.
Desde lo ideológico, en la justicia conviven junto con los jueces standard aquellos que se sienten atraídos por los desvíos fascistas y del otro borde, los mal llamados garantistas, cuando en realidad la Constitución y la ley, más allá de sus baches de libre interpretación, no permiten más que una mediana flexibilidad, que sirva para que el sistema no colapse en determinadas situaciones difíciles y sensibles.
La justicia en la Argentina en general y más particularmente en los juzgados federales de Comodoro Py, es tan lenta (salvo escándalos) que se desvirtúa su aplicación, cayendo en las diversas redes que el mismo sistema posee en plano nacional o incluso a partir de normativas internacionales que fueron incorporadas en 1994 al plexo de nuestra Carta Magna.
Lo peor del modus operandi es la legitimidad. Todo tiene una justificación jurídica, más o menos discutible, pero los argentinos nos acostumbramos a que el cumplimiento de la ley camine por esos extraños y oscuros vericuetos que nos alejan sistemáticamente de la verdad y de la plataforma de despegue como Nación, ya que un Poder clave del sistema está viciado de nulidad.
La justicia en la Argentina está enferma de manera estructural y abarca esa definición a casi todos los sistemas vigentes en la actualidad, incluso a los máximos organismos como el Consejo de la Magistratura o la Corte Suprema de Justicia, el primero en colaboración con los otros dos poderes del Estado y la otra, lamentablemente, funcionando en el vértice de su propia decadencia.
La ineficacia, ese andar errático del andamiaje judicial que roza casi siempre lo cuestionable y sospechoso por una u otra razón, genera que la gran mayoría de los comunicadores (de todos los pelajes) y la gente común lo tilde a diario de oportunista y corrupto a la vez. Son demasiados los casos de los jueces que no pueden explicar su patrimonio y cualquiera me dirá que en la política pasa lo mismo. Y es cierto. Lo que pasa es que hay que atender a las funciones que le atañen a cada uno de los Poderes en la organización del sistema democrático, al menos, así como lo conocemos hoy. Y es ahí donde la justicia es la madre de todas las derrotas en el plano nacional. Vivimos en un país donde, a pesar de los profesionales honestos y capacitados que tenemos, la corporación judicial y sus autoridades no garantizaron como sistema la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.
La reforma hoy pretende transformar las disfunciones del sistema, sus contactos espurios con los sótanos de la inteligencia vernácula, sus condenas y sobreseimientos que nunca nadie entenderá como se elaboran, sus millonarias casas en las Lomas de San Isidro –o en lugares similares-, los privilegios de los que gozan por sobre el resto de los mortales y tantas otras cosas por las que la familia del Poder Judicial se debe una autocrítica frente a la sociedad, por haber coprotagonizado muchas de las tragedias que ha vivido nuestra Nación.
Ojalá esta reforma, planteada también desde personas ilustres y de inmensa trayectoria en la justicia, pueda ir lo más a fondo posible para erradicar buena parte de las malas prácticas que acompañaron a esta casta en gran parte de su vida pública. No se llegará seguramente al ideal, como no es el caso en ningún lugar del mundo, pero sería un gran logro para nuestro país que este sector clave en el diseño estratégico de un proyecto común, se empiece a amigar con el resto de sus compatriotas, cualquiera sea su posición social, política y espiritual o religiosa. Hay una oportunidad y sería necio desaprovecharla por cuestiones menores o por especulaciones personales.
El Será Justicia algún día tiene que ser, en la nueva Argentina, una realidad.
