Ya desde antes de que Néstor Kirchner asumiera la Presidencia de la Nación, se hablaba de que el por entonces ministro de Economía Roberto Lavagna estaba trabajando en una rebaja del IVA para un conjunto de productos de la canasta básica de alimentos.
En ese entonces, la misma estaba valuada en 330 pesos mensuales para una familia tipo. Y se estimaba que la medida podía llegar a abaratar su costo entre un 5 y 10 por ciento.
El ex DGI, Leonel Massad, explicó en su momento: “Que se traslade a los precios no es tan fácil de controlar, pero por lo menos en supermercados e hipermercados se puede hacer”. Y detalló que, “las familias de menores recursos, con ingresos de entre 300 y 400 pesos, gastan más del 90 por ciento de su presupuesto en comida cruda. Si se lograra bajar 10 por ciento los precios de los productos que consumen, entonces podrían ahorrarse más de 30 pesos por mes, lo que equivale casi a 1 litro de leche diario”.
En sintonía con la medida que nunca terminó de cautivar al kirchnerismo, legisladores de diversas vertientes políticas tomaron la cuestión y apostaron por hacerla propia.
El arco fue amplio, desde De Narváez hasta el socialista Rubén Giustiniani, pasando por el heterodoxo Alfonso Prat-Gay. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió llevarla adelante más allá de lo mediático.
Según Giustiniani, actual senador por el FAP, “los sectores populares consumen todo lo que ganan con su salario. De cada 100 pesos que se gastan en alimentos, 21 van al Estado nacional a través del IVA, que es un o de los impuestos más regresivos”.
Por lo que tratándose de un impuesto que se aplica en forma indiscriminada, se convierte en un agente erosivo directo del bolsillo del asalariado en un contexto inflacionario como el que hoy en día se vive.
En marzo, sin ir más lejos, el INDEC porteño aseguró que un matrimonio joven con dos chicos necesitó de 3.834,73 sólo para alimentarse. Ahora, bien ¿cuánto gastaríamos, por ejemplo en la Ciudad, si el gobierno nacional desgravara el IVA de los productos alimenticios de primera necesidad como sucede en México, donde hay “tasa cero” para estos productos?
La respuesta es 3.029 pesos con 43 centavos.
Una cifra que de todos modos sigue siendo alta, si tenemos en cuenta que el salario promedio de los porteños ronda los $ 6.522,50 y muchos de ellos, a su vez, deben hacer frente al pago de un alquiler y medicina prepaga.
En cifras concretas, sin desgravar IVA y contemplando el mejor de los escenarios, lo que implicaría a una familia tipo con padres económicamente activos y percibiendo cada uno de ellos el salario promedio, debería destinar el 29,4 por ciento de sus ingresos sólo a su alimentación.
Mientras que en el caso hipotético de que sólo uno de los integrantes de la pareja sea el sostén de la familia, percibiendo los 6.500 pesos promedio, el porcentaje ascendería al 58,99 del total de los ingresos familiares.
Una solución intermedia, podría ser la de aplicar el IVA reducido sobre la canasta básica, como ocurre en países escandinavos como Suecia, Noruega y Finlandia. De ser así, la ciudadanía pagaría al Estado 10,50 pesos por cada 100 invertidos en su alimentación.
Esta medida, ubicaría el valor de la canasta básica porteña en 3.423, 14 pesos. Por lo que adoptando una solución a la mexicana o a la escandinava, a pesar de que la canasta básica alimenticia no bajaría de los 3.000 pesos, significaría un ahorro de entre el 3 y 6,2 por ciento sobre los ingresos de una familia que reúna 13.045 pesos al mes.
Lo que representaría una baja de entre 411,59 y 805,30 pesos.
Otro ejemplo es el de Uruguay, que además de contar con su propia versión de “Precios Cuidados”, en marzo anunció la quita del IVA en alimentos como frutas y vegetales, renunciando a una recaudación mensual de 100 millones de dólares, para desacelerar una inflación que ya empezaba a resultar inquietante para los orientales.
Sin embargo, más allá de lo comprobable que resulta la efectividad de la medida, el problema pasa por la tardanza en atacar la cuestión de fondo, que es la inflación.
Hace once años, la canasta básica tenía un costo de 330 pesos. Hoy, vale un 1.162 por ciento más.
Por lo que mientras el debate sobre la conveniencia de la aplicación del IVA sobre productos de primera necesidad continúa en debate once años después, el asalariado y quienes menos recursos tienen, pagan al Estado -por alimentarse- de la misma forma en que una empresa lo hace por comercializar o alguien más “acomodado” por vestirse.
