El paquete de medidas que había anticipado el presidente Javier Milei por fin ingresó al Poder Legislativo para comenzar a ser analizado por los legisladores nacionales. Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, el encargado de entregarle el texto – que abarca 351 páginas y 664 artículos – al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
Asimismo, el período de sesiones extraordinarias ya comenzó y el Congreso tendrá hasta el 31 de enero para avanzar con el tratamiento de las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo, aunque esa fecha no es determinante. Si bien muchos bloques iniciaron conversaciones y dieron a conocer sus posturas, lo cierto es que el debate podría llegar a extenderse sin un horizonte claro.
Primero, se deben constituir las comisiones para que los diputados y los senadores puedan avanzar con la discusión y, hasta el momento, eso no ha ocurrido. En tanto, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, también, debe activar para estudiar el ‘mega DNU’ que entrará en vigencia a partir de este viernes.
Segundo, la complejidad de las áreas que trata la Ley Ómnibus podría dilatar aún más el proceso porque se estaría hablando de girarla a 12 comisiones, como mínimo. Esto remite a que sería casi imposible culminar el debate antes del 1 de marzo, fecha en la que comienza el período ordinario del Congreso.
En tercer lugar y, aquí, el punto más polémico, es que la postura combativa por parte del Gobierno complica el accionar de los funcionarios y tengan la voluntad de analizar punto por punto para llevarlo al recinto lo antes posible. En el Poder Legislativo existe una carta que suele utilizarse seguido y es ‘cajonear’ un proyecto que no quiera debatirse.
Pero eso no es todo, en el caso contrario de que los legisladores quisieran llevar la pelea al recinto esto podría demorarse hasta años y así lo confirmó el exdiputado nacional del Pro y constitucionalista Pablo Tonelli. Al enviarse el ‘mega proyecto’ a las distintas comisiones que deberían tratarlo, el abogado recalcó que implicaría “meses o años para que eso vea la luz”.
La incertidumbre de lo que sucederá tanto con el DNU como con la Ley Ómnibus giran en torno a qué hará el Congreso de la Nación, que será el encargado de rechazar o aprobar ambas medidas políticas y económicas del Presidente. Aunque existe la posibilidad de que la Justicia le gane la pulseada al Legislativo y tome una decisión sobre el DNU antes de que los legisladores nacionales puedan ponerse de acuerdo y acelerar el proceso.
La suerte está echada para un mandatario que decidió poner quinta e ir a fondo con su programa de gobierno.
