El Gobierno busca dejar atrás los cuestionamientos a los custodios de la vicepresidenta Cristina Kirchner, sin sanciones, ni cambios profundos. No es la única definición oficial: a casi una semana del atentado, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sigue firme en su cargo.
El funcionario puso a disposición su renuncia, lo que fue rechazado por el presidente Alberto Fernández. “En ningún momento se consideró eso. Aníbal está fuera de discusión y Cristina sostiene su custodia. Listo”.
Con esas definiciones el capítulo que comprende a la custodia de la vicepresidenta parece cerrarse por decisión política del Gobierno tras el desplazamiento de cinco oficiales de la Policía Federal que se produjo el miércoles y la incorporación de 20 efectivos adicionales, para reforzar el dispositivo en torno a Cristina Kirchner.
En el Gobierno no hay intención de sancionar a los efectivos que intervinieron esa noche y a nivel político el apoyo al titular de Seguridad, es “total”, según explican en Gobierno.
Según coinciden fuentes al tanto de los movimientos internos de la Policía, la vicepresidenta prefiere mantenerse con gente de confianza y de hecho, entre quienes se sumaron a su custodia en las últimas horas hay efectivos que ya integraron el grupo que vela por su integridad.
En el oficialismo sostenían desde el último viernes que el principal apoyo de Cristina Kirchner a su custodia sucedió en la tarde de ese día, cuando la funcionaria salió de su casa, en Juncal y Uruguay, con rumbo desconocido, acompañada de Diego Carbone, el comisario que encabeza su custodia desde hace más de una década y que no estaba en funciones al momento del ataque. “Cristina no va a entregar a nadie y menos a Diego Carbone”, decían en Gobierno este fin de semana. “Ella defiende su custodia”, insistían.