La crisis de la deuda externa argentina que desencadenó el fallo del juez neoyorkino Thomas Griesa ya superó los 200 días. El pasado 16 de junio, Griesa rechazó una apelación presentada por el Estado para evitar pagar el 100 por ciento de la deuda que mantiene con los bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005 y 2010. El mismo juez había sido quien, en noviembre de 2012, había ordenado ese pago.
En consecuencia, el 26 de junio, el gobierno nacional anunció la decisión de pagar únicamente a los bonistas que entraron en la reestructuración. Lo que le valió al país entrar en un “default técnico”, que a partir de este año puede llegar a levantarse luego de que, como consecuencia de la caída de la cláusula RUFO, el ministro de Economía Axel Kicillof anunciara la nueva estrategia oficial para solucionar el conflicto.
La propuesta pergeñada por Kicillof es “la misma de 2010, en la que ofrecimos lo mismo de 2005. Los discount, con una quita del 65 por ciento”, según explicó y representaría unos 6.500 millones de dólares para el 7,4 por ciento de los bonistas que no ingresó a la reestructuración de la deuda. Aunque el ministro advirtió: “Los fondos buitre trabajan para no acordar”.
Por su parte, el ex secretario de Finanzas de la Nación durante el proceso de desendeudamiento argentino, Guillermo Nielsen, que actualmente militan en el Frente Renovador de la Ciudad, fue escéptico en relación a la esperanza que despierta el cese de la cláusula RUFO y consideró que “está muy claro que no hay voluntad de hacer algo muy distinto con los holdouts”.
En consecuencia, según Nielsen, “se está abriendo un ángulo muy indeseable para el país” ya que en el Gobierno “tampoco están tratando de resolver ningún problema de fondo”. Para el ex funcionario, la presidenta Cristina Kirchner evitará un acuerdo con los fondos buitre porque “de aquí a las PASO, Argentina puede llegar inercialmente con el esquema que tiene”.
Asimismo, volvió a defender su estrategia de “contraataque legal” en las Islas Caimán, para cambiar la jurisdicción hacia un país que se rija por el common law, donde se considera ilegal comprar un contrato incumplido para buscar por la vía judicial su cumplimiento.
