Marcela Larrosa (UCR), Irene López de Castro (Bases y Puntos de Partida), Miguel Doy (Forja 2001), Oscar Moscariello (Partido Demócrata Progresista), Atilio Alimena (Partido Demócrata), Maria Laura Leguizamón (Bloque Justicialista) y Abel Alexis Latendorf (Piquete Socialista), pidieron, a través de un proyecto de declaración, la clausura preventiva, de la estación de servicio Shel ubicada en Lima 855. Los legisladores reclaman que la medida se haga efectiva hasta tanto no se dé cumplimiento con la sentencia judicial que, en 1999, ordenó a la empresa a reparar el suelo contaminado. Pese a que la obra necesitará de años para llevarse a cabo, todavía no se iniciaron los trabajos.
Desde hace 23 años, esta estación de servicio derrama gran cantidad de hidrocarburos, que se filtran hacia las instalaciones de la estación Independencia, de la línea "E". El volumen de tierra afectado es de una hectárea de superficie, por una profundidad de entre 15 y 20 metros, y se estima que alcanza para llenar 100 mil camiones de carga. Este material debería ser sometido al tratamiento que se les da a los residuos peligrosos, pero como en la Ciudad no hay instalaciones para realizar este proceso y la provincia de Buenos Aires se niega a recibirlo, habría que trasladarlo hasta la provincia de Santa Fe.
Todo el panorama se complica si se tiene en cuenta que la estación subterránea se encuentra en la pendiente de la napa y que fue la contaminación de ésta ultima la que vehiculizó el combustible hacia la estación de Subtes. Es decir, el perjuicio aparecido en las instalaciones de SBASE es sólo la punta del iceberg.
CAUSA JUDICIAL
En 1991, la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) inició una causa judicial contra el propietario de la estación de servicio de la empresa holandesa, por los daños y perjuicios ocasionados. La demandante puso como marco legal el daño causado por la actividad riesgosa y los tratados internacionales que protegen el medio ambiente dañado por dicha actividad.
El 1º de octubre de 1990, la Cámara Nacional Civil, Sala H, resolvió condenar a la Shell a la reparación del medio ambiente, mediante el cambio de tierra en el tramo que media entre la estación de servicio y la estación de subterráneos dado que se encuentran "configurados los presupuestos de la responsabilidad de las accionadas".
En el mencionado fallo, la Cámara determinó su imprescriptibilidad. Esto dado que el ambiente hace a la representación de intereses difusos o colectivos, en el que cobran relevancia las connotaciones de perdurabilidad del año que se apareja. En función, entonces, de la preservación de medio ambiente, el fallo obliga a remediar la situación mediante el método del cambio de tierra.
Dicho método significa una obra de grades dimensiones. Entonces, acorde con la magnitud del compromiso ambiental, la obra debe, necesariamente, pasar por la evaluación de impacto ambiental, tal como lo indica la Ley 123 de la Ciudad y su modificatoria la Ley 452. Además, la obra se deberá categorizar como de "alto impacto ambiental" y, por tanto, será necesario convocar a una Audiencia Pública.
OPINIONES DE LOS LEGISLADORES
"Luego de 22 años de casi total inacción ante este peligro, el Gobierno de la Ciudad debe renovar el compromiso fundamental con los ciudadanos. Así, en función de ello debe llevar adelante las tareas de control sobre las obras determinadas en la sentencia, ya que si bien la condenada tiene la obligación de cumplir con lo sentenciado de la debida manera, el Estado juega un papel fundamental", expresó Latendorf.
"La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece en su Capítulo IV, artículo 26º, segundo párrafo, Ambiente, que: `Toda actividad que suponga en forma actual o inminente un daño al ambiente debe cesar. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponer´", argumentaron el resto de los diputados, en su proyecto de declaración.
NOTICIAS URBANAS PUBLICÓ CUATRO ARTICULOS SOBRE EL TEMA
El 20 de agosto de 2000, NOTICIAS URBANAS publicó un artículo sobre la traza de las nuevas líneas de subterráneos en el que el defensor del Pueblo adjunto, Antonio Elio Brailovsky, llamó la atención sobre las filtraciones y el cuidado que se debe tener para que éstas no afecten las obras. Luego, el 21 de noviembre, otra nota rescata un informe de Brailovsky dando detalles de la situación. El 29 de noviembre este medio se hizo eco de un pedido de informes del entonces vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Jorge Enríquez (UCR) y, por último, el 8 de abril, desde esta redacción se volvió a llamar la atención sobre la pasividad oficial demostrada sobre este asunto.
