La defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alicia Oliveira, se dispone a interponer una demanda judicial solicitando que se declare la inconstitucionalidad del índice C.E.R., por el que se van a ajustar los costos de los alquileres de viviendas y de créditos hipotecarios.
"Hicimos esa presentación -aseguró Oliveira en declaraciones al programa "Día a Día", que se emite por radio La Red, con la conducción de Omar Gómez Castañón- por la cantidad de gente que vino desesperada, reclamando que hiciéramos algo por ellos. Estudiamos la normativa y consideramos que es inconstitucional, porque afecta no sólo el derecho de propiedad, sino que a eso se suman los otros derechos básicos, como el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la educación".
Posteriormente, la defensora cuestionó con dureza la vigencia del índice: "Se está atacando el derecho a la vivienda si no hay seguridad jurídica. Se está tocando el derecho a la propiedad. Hay una cantidad de normas que afectan el derecho internacional y los derechos humanos, que forman parte de nuestra Constitución a partir del año 1994".
La defensora desalentó -de todos modos- la presentación individual de recursos de amparo por parte de los damnificados por el C.E.R.. "La simetría económica y de poder es fundamental para hacer litisconsorcio, es decir que la gente se debe juntar, sobre todo en lugares donde exista un determinado poder institucional o reconocimiento social, que puede ser la Defensoría del Pueblo o las asociaciones de usuarios y consumidores, que son organizaciones reconocidas y que tienen muy buenos abogados, que tienen cierta fuerza, y que tienen además la fuerza de la relación y el conocimiento con la prensa, para que la gente esté bien informada".
Oliveira consideró, que de presentarse miles de amparos, existiría un peligro: "así colapsa el sistema judicial. Y si colapsa el sistema judicial, se favorece evidentemente a los señores esos".
