El diputado porteño Eduardo Valdés (PJ) se involucró en la problemática de los cartoneros a mediados del año pasado, a partir de un estudio que realizaron dos antropólogos de las univesidades de General Sarmiento y de Lanús, en donde se planteaba que el fenómeno del cirujeo en la Capital y en el Gran Buenos Aires involucraba a 25.000 familias. De ellos -decía el trabajo- el 70 por ciento era gente que había perdido su trabajo hacía diez meses. Eran obreros de la construcción, textiles y gastronómicos, en su mayoría.
A partir de esta información, el legislador justicialista se enteró de algunos de los escollos que los cartoneros encuentran para trabajar en la vía pública, como por ejemplo las ordenanzas 12.867 -circulación de vehículos con tracción a sangre- y 33.581 -sobre recolección de residuos-. (Ver el proyecto de la Defensoría).
Valdés expresó en el programa Puntos de Vista que se emite por Radio La Red, que "tanto en el primero, como en el segundo, en el tercero y en el cuarto mundo se dividen los residuos entre lo que es recuperable de lo que no es recuperable, pero en la Ciudad de Buenos Aires nos damos el gusto de enterrarlos, máxime cuando el año pasado hemos importado 100 millones de dólares de papel reciclado de Brasil y 85 millones de dólares de vidrio. Entonces, ahí nos planteamos el ver si junto a esta actividad económica que tendrían los residuos, podíamos resolver el drama de la desocupación".
Teniendo en cuenta de que el contrato de concesión de la basura vencía en febrero de 2001, Valdés planteaba que se incluyera en el nuevo pliego el concepto de pago por zona limpia, es decir, que no se les pagara a las empresas por tonelada de residuos recolectados sino por barrio limpio. De esta manera se podía avanzar hacia la diferenciación la basura, mediante dos bolsas plásticas: una negra -para los residuos orgánicos- y otra verde -para los reciclables-.
Sin embargo, el Gobierno porteño prorrogó por un año el contrato de concesión y muy probablemente lo haga nuevamente. Por lo que las intenciones de Valdés solamente son realizables a partir de la sanción en la Legislatura de la Emergencia Ambiental, propuesta por el diputado peronista.
"Nosotros no podemos esperar con esta situación a febrero del 2004 porque la Ciudad hoy es un ejército de gente desesperada que busca en los residuos algo que le permita sobrevivir", afirmó Valdés. Agregó que "en el medio están los dueños de los galpones que explotan la necesidad de la gente sin trabajo y los traen al microcentro en camiones. Además, están vinculados a la policía, que les permite ingresar con camiones al microcentro, a Once y a Barrio Norte, que son las zonas de mejor residuo. Allí, en dos horas, los cirujas tienen que limpiar la zona (fundamentalmente buscan papel o cartón), para que luego los vuelva a buscar el mismo camión que los dejó, el cual lleva a la mercadería a pesar y la traslada hacia el Gran Buenos Aires".
"Esto, que hoy parece la ley de la selva, es lo que nosotros queremos terminar urgentemente y hemos planteado una ley de Emergencia Ambiental, hasta tanto se convoque a una nueva licitación, que permita, primero que nada, hacer separación domiciliaria de los residuos", concluyó Valdés.
Según informó el legislador justicialista, se está discutiendo en el Departamento Ejecutivo del Gobierno porteño la forma en que se dividirá la Ciudad para que los cartoneros recolecten los residuos reciclables. Valdés considera que debería realizarse un sistema por el cual los cirujas roten de zonas, para que nadie se vea perjudicado.
PUBLICIDAD GRATUITA EN LA VÍA PÚBLICA
En tanto, el acuerdo entre los supermercados y el secretario Medio Ambiente y Planeamiento Urbano, Eduardo Epszteyn, para que las grandes cadenas entreguen bolsas verdes y negras, ya estaría sellado. Con esta iniciativa el Gobierno de la Ciudad espera conseguir que los cartoneros no rompan las bolsas de residuos para ver su contenido.
Las multinacionales se verán favorecidas con la medida porque tendrán publicidad en la vía pública de manera gratuita: estas bolsas, que tendrán logos empresarios, aparecerán todas las noches -excepto los sábados- en los barrios porteños.
EL PROYECTO DE LA DEFENSORÍA
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires emitió una resolución en la que propuso que se modifiquen las ordenanzas 12.867 y 38.188. Estas actuaciones tomaron estado parlamentario y se convirtieron en un proyecto de ley que espera para ser tratado en la Legislatura.
En cuanto a la norma que prohíbe los vehículos de tracción a sangre, la Defensoría pretende que se permita su circulación dentro de los siguientes horarios: de 6 a 13 y de 18 a 24. A su vez, en el mismo proyecto, el organismo a cargo de Alicia Oliveira también propone que la ordenanza que veda la recolección de residuos por parte de particulares, se modifique para establecer excepciones con los cartoneros que estén inscriptos en el registro que crearía Epszteyn con ese fin.
