No solo el ex ministro de Educación de la Ciudad, Mariano Narodowski, deberá presentarse en el juzgado de Norberto Oyarbide. El magistrado que tiene la causa judicial por escuchas ilegales en el seno del Gobierno porteño tomó declaración el pasado martes al legislador porteño Raúl Fernández, que presentó la documentación de la denuncia que realizó junto al también legislador Diego Kravetz, sobre la compra por parte de la Policía Metropolitana de aparatos de inteligencia y contra inteligencia en el seno del gobierno de la Ciudad.
Esta mañana, el presidente del Bloque Peronista concurrió a los tribunales de Comodoro Py para prestar declaración. Oyarbide busca incorporar esta denuncia, y sus pruebas, como documentación en la causa, y podría solicitar los expedientes.
Minutos antes de ingresar a los tribunales, el legislador comentó ante las cámaras de C5N que la denuncia realizada "no se debe tomar como algo contra el Jefe de Gobierno".
"Estamos hablando de la creación de una policía nueva que se transformó en una central de inteligencia chiquitita. Si se concretó un ilícito alguien tendrá que pagar. Hay que corregir esto, la Policía Metropolitana es para perseguir al delito", remarcó.
También se refirió al trabajo realizado hasta el momento por la Comisión Investigadora, y destacó que la obtención de la documentación requerida por Oyarbide para sumar a la causa "no ha sido gracias a la tarea de esta comisión sino a la gestión personal de Fernández y mía".
"Le he manifestado al presidente de la Comisión Investigadora que hay que tener una impronta de trabajo más rápida", afirmó.
La documentación que los legisladores aportan a la justicia hace referencia a que el gobierno porteño autorizó la compra ?en forma reservada?, y por ?razones de Estado?, de software y equipos tecnológicos para ?realizar tareas de inteligencia y contrainteligencia?. Según se informó en su momento, la operación roza el 1,5 millón de pesos y fue realizada en forma secreta, al amparo de la legislación nacional que permite adquisiciones de este tipo. Sin embargo, esa modalidad está expresamente prohibida por el artículo 53 de la Constitución de la Ciudad y por la Ley 2095 de compras y contrataciones.
Luego de conocerse la denuncia, el PRO rápidamente salió a responder, y lo hizo desde todas sus líneas. Desde el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, hasta sus legisladores, pasando por el titular de la fuerza, Eugenio Burzaco. Es más, el propio Macri dispuso que funcionarios del Ministerio de Justicia y Seguridad, y de la PM, concurran a la Legislatura para presentar los aparatos en cuestión y desmentir que sirvan para ?espionaje?.
