Este miércoles el diputado radical Jorge Enríquez, en forma conjunta con presidentes de organizaciones comerciales de la Ciudad -entre ellas la Federación de Comercio de la Ciudad de Buenos Aires (FECOBA)- presentó ante el Juzgado de 1ª Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires Nº 10 -a cargo de Hugo Ricardo Zuleta- una acción de amparo contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para que éste ejerza el poder de policía y erradique la creciente ola de vendedores ambulantes que ocupan los espacios públicos y las calles porteñas.
Enríquez se refirió a su presentación expresando que "la venta ilegítima afecta los derechos de toda la población" y criticó "la falta de acción del Gobierno, que no sólo no controla sino que además fomenta la usurpación del espacio público, poniendo en peligro la seguridad y la salud de los consumidores, perjudicando -por otro lado- la economía formal con la consiguiente merma de las fuentes de trabajo y generando una enorme evasión tributaria y de aportes laborales y previsionales".
El ex vicepresidente primero de la Legislatura informó que recurrió a la vía del amparo de los derechos colectivos de los vecinos de Buenos Aires "basado en las disposiciones de las Constituciones local y Nacional, y en el interés general provocado por la omisión de las autoridades gubernamentales , que no controlan absolutamente nada", y señaló que "resulta falaz el argumento, expresado por algunos sectores, de que la gente sale a vender lo que tiene para poder subsistir, pues la gran mayoría de estos vendedores trabajan jornadas de más de doce horas para cobrar ocho o diez pesos, para verdaderas ‘mafias’ ".
El legislador radical agregó que "cuando el mes pasado el Gobierno porteño invitó a funcionarios españoles para que aportaran soluciones -ya que el problema le parecía tan complejo que no podía afrontarse puertas adentro-, éstos concluyeron que debía hacerse una sola cosa: cumplir estrictamente con la ley. Nuestros gobernantes se vieron sorprendidos ante el audaz dictamen, ya que jamás habían considerado esa extraña posibilidad".
Por último, Enríquez sostuvo que "se han desoído en forma permanente los reclamos vecinales y los de las entidades intermedias para que se solucione este problema, por temor a las quejas de los usurpadores. Como en tantas cuestiones, se sacrifica a la gran mayoría silenciosa en beneficio de unos pocos". "Hay que ejercer la autoridad legítima de una buena vez y no ceder más al chantaje de los prepotentes", concluyó el legislador.
