Los 31 trabajadores de la Clínica "El Buen Samaritano", situada en Medrano 350, que estaba cerrada desde el cuatro de julio pasado, la mantienen ocupada desde el dos de octubre último, ante el peligro de que sea subastada y comprada por testaferros de los antiguos dueños por un precio irrisorio.
LAS OVEJAS DEL PASTOR RUMIABAN DÓLARES
La clínica pertenecía a la "Asociación Mutual Evangélica" -el edificio está a su nombre todavía-, que designó como director médico al pastor Héctor Lombardo en 1994. En 1997, Lombardo presentó una quiebra por 18 millones de pesos y renunció tras ser designado como secretario de Salud Pública por el entonces jefe de Gobierno, Fernando de la Rúa.
Los trabajadores continuaron trabajando en la clínica, apoyados por la Asociación de Trabajadores de Sanidad Argentina (ATSA). Las cosas no fueron bien, pero luego fueron aún peor. Cuando Lombardo fue designado como ministro de Salud Pública de la Nación, en junio de 2001, reapareció por la clínica, acompañado por el médico Pablo Momeño y por su secretaria privada Leo Solessi, a los que dejó inopinadamente al frente del negocio.
A partir de entonces la clínica cambió de denominación y pasó a ser "APGN New Life", y con esta mutación los trabajadores, que en el tiempo de ATSA casi no pudieron cobrar sus salarios, vieron agravada su situación contractual. Por si esto fuera poco, cuando cayó de la Rúa, el establecimiento de pomposo nombre dejó de cobrar las cápitas del PAMI que le había conseguido su antiguo director médico.
CUESTA ABAJO EN LA RODADA
En junio de 2002, Momeño y Solessi le vendieron la clínica a la Editorial Plus Ultra, que se encontraba en concurso de acreedores y que pagó un millón de dólares con bonos de la deuda externa uruguaya. En esos momentos, el dúo de ahijados de Lombardo le debía al personal seis meses de sueldos y dos aguinaldos.
La nueva empresa convocó a una reunión a los fatigados trabajadores, que se vieron obligados a aceptar una propuesta poco convencional, que consistía en licenciarlos -con goce de sueldo- por el término de 20 días. Cuando transcurrió ese plazo, la patronal suspendió al personal por 60 días más, pero luego -para compesar- reconocieron la deuda contraída. De todos modos, lo original estuvo en la forma de pago propuesta: ofrecieron la cesión de una factura impaga del PAMI por un monto de 89.600 pesos. Los empleados rechazaron, indignados, el arreglo.
Entretanto, la clínica cerró sus puerta el dos de julio último, un mes después de su venta. Durante tres meses, los desesperados trabajadores mantuvieron el proceso de negociación con los nuevos dueños, que estaban representados por el abogado Carlos Alberto Bompadre.
Como la situación se alargaba y los trabajadores se enteraron de que existía la posibilidad de que el establecimiento fuera a remate y que en ese proceso los propietarios podrían recomprarlo por un precio irrisorio, se decidieron a ocupar sus instalaciones.
A continuación, los delegados del personal hablaron con el juez que tiene la causa, que aceptó -sin comprometerse- la presentación de un proyecto elaborado por los trabajadores para decidir el futuro de la clínica.
El siguiente paso que decidieron los trabajadores fue la conformación de una cooperativa. Se presentaron al INAES el miércoles pasado y ya el jueves les fue otorgado el número de cooperativa, que es el 62.653. La nueva entidad lleva el nombre de "Cooperativa de Trabajo Salud Medrano".
El martes 29 de octubre a las 14, los trabajadores realizarán una asamblea en la que decidirán su futuro y terminarán de darle forma a la presentación del proyecto de trabajo ante el juzgado del doctor Herrera.
EL PROYECTO DE LA ESPERANZA
Los trabajadores de la "Cooperativa de Trabajo Salud Medrano" se proponen comenzar a trabajar -en la primera etapa- en las áreas de Pacientes Ambulatorios, Guardia, Consultorios Externos, Rayos y Laboratorio. Así se lo expresarán al juez Herrera en su presentación, con la esperanza de que sea aceptado.
