Daniela Ugolini, fiscal en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad y dueña de una polémica ex candidata a ocupar un cargo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), respaldó la decisión del Gobierno de la Ciudad, que había rechazado el pedido de permiso de una indigente para vender productos en la vía pública.
La mujer que recibió el no, había recurrido a la justicia para que el Gobierno de la Ciudad finalizara su conducta arbitraria que, ?por acción u omisión, impide que ejerza en condiciones dignas una actividad de mera subsistencia consistente en la venta ambulante de baratijas".
En mayo de 2009 la demandante que ya lleva 6 años en la actividad solicitó a la Administración un permiso de venta ambulante, que fue rechazado por encontrarse cerrado el Registro de Postulantes. Pero como ese es su único modo de subsistencia, decidió recurrir a los Tribunales para que mediaran ante la Ciudad.
Ugolini confirmó el fallo de primera instancia de la jueza Andrea Danas, que rechazó la acción de amparo promovida por la vendedora, Claudia Patricia Martínez. "Considero que la actora no ha logrado acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta en la conducta de la Administración ni que se haya vulnerado su derecho al trabajo y a la igualdad, requisitos necesarios para la procedencia de la presente acción de amparo", consideró la fiscal. En su momento, la Asociación de Abogados de Buenos Aires había rechazado la postulación de Ugolini como jueza por falta de ?idoneidad técnico-jurídica y moral ni compromiso con los derechos humanos?. La entidad había objetado resoluciones de Ugolini por ser contrarias a los derechos de la mujer y de sectores vulnerables.
La Sala Segunda de la Cámara será ahora la que deberá pronunciarse sobre si accede o no a otorgar el permiso para que pueda continuar, legalmente, vendiendo sus artesanías para subsistir.
Ante este tipo de situaciones, cobra relevancia el proyecto de ley que a fin de año y según daba cuenta Noticias Urbanas, la legisladora de Proyecto Sur, Laura García Tuñón, elevaba con la finalidad de regular la venta callejera y lograr modificaciones en artículos ya existentes, con el objetivo primordial de garantizar el derecho al trabajo.
