El juez de la Cámara Nacional Electoral Alberto Dalla Vía puso sobre aviso a las autoridades electorales, al disertar en el Coloquio de IDEA, que el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) requiere de un alto nivel de seguridad para evitar que sea hackeado. “Hay que poder controlarlo al mismo nivel que tiene este sistema (NdelaR: el voto en papel), porque todos sabemos que se hackean”.
El juez también cuestionó el sistema, al considerar que no se puede “privatizar el sistema electoral”, porque “el sufragio es algo público”, para agregar luego que “si lo vamos a hacer con intervención de empresas, tenemos que resguardar los controles”.
El problema, para Dalla Vía, es que “lo que tenemos que darle al ciudadano es la garantía que puede haber transparencia”, para lo cual informó que la opinión del tribunal que integra es “que debe haber una auditoría completa, previa durante y después” de los comicios al utilizar la BUE.
El magistrado consideró que la Ley Sáenz Peña, que instituyó hace justamente cien años el voto universal, secreto y obligatorio -aunque sólo para los hombres- “ya dio todo lo que tenía para dar” y que las “boletas de papel han generado problemas de fiscalización”. En este punto, señaló, “en la Cámara hace mucho tiempo se ha venido hablando de cambiar el sistema”, aunque advirtió que la BUE “plantea nuevos desafíos”.
El proyecto para la Reforma Política, que incluye la adopción de la BUE, se tratará en la Cámara de Diputados el próximo miércoles 19 de octubre. La propuesta se originó en el Poder Ejecutivo y, por lo tanto, contará con el apoyo del bloque de Cambiemos. Por el contrario, la oposición emitió fuertes críticas contra la boleta, apoyada en la opinión de los principales especialista, que alegan que el sistema es demasiado vulnerable como para ser utilizado.
Paralelamente, existe una larga lista de países que utilizaron el sistema y luego lo desecharon, precisamente por su escasa seguridad. Entre éstos se encuentran Gran Bretaña, Holanda, Finlandia, Irlanda y, particularmente Alemania, donde el Tribunal Superior Constitucional dictaminó que el sistema es “inconstitucional”, porque no puede ser fiscalizado por los ciudadanos que no poseen conocimientos superiores y especializados en el área informática.
