La Legislatura porteña aprobó, en la sesión ordinaria del jueves último, una ley que declara de utilidad pública y sujetos a ocupación por el término de dos años los inmuebles de la planta industrial en donde funcionaba la empresa Induspel S.A., así como los bienes inmuebles y los bienes intangibles, incluyendo las marcas y patentes.
Induspel se dedicaba a la fabricación de envases de papel para embalaje industrial y alimenticio. Fue fundada en el año 1965, y su quiebra fue decretada el 6 de noviembre de 2002. La causa se tramita en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nº 13, Secretaria Nº 25.
Según el proyecto de la diputada Beatriz Baltroc (Movimiento Autonomía Popular), el edificio y sus bienes muebles deberán ser destinados al funcionamiento de la Cooperativa de Trabajo Cooperpel Envases Industriales Limitada, formada por los ex trabajadores de la empresa quebrada, la cual se constituyó el 22 de noviembre de 2002.
En los considerandos del despacho se fundamenta que "los trabajadores de la fallida empresa se proponen el desafío de llevar adelante la producción, posibilitando la recuperación, no sólo de un considerable número de fuentes de trabajo y la dignidad de varias familias que se encuentran involucradas en este proceso, sino también de continuar brindando a la comunidad los servicios de un plantel capacitado y especializado en la fabricación de envases de papel para uso industrial de fondo cosido, de envases de papel de fondo americano para azúcar, carbón y de papeles especiales para embalaje industrial".
Y se agrega que "la cooperativa cuenta hoy con numerosos y calificados clientes entre los cuales se puede mencionar a Nestlé, Alimentos del Pilar, Dupont, Sevel, Nidera, Pioneer y otras, lo que permite expectativas favorables sobre la viabilidad y la proyección en el tiempo del presente esfuerzo".
La presidenta de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Legislatura, Laura Moresi (FG), expresó a NOTICIAS URBANAS su satisfacción por la aprobación de esta norma porque "es la última herramienta que tenemos para mantener las fuentes de trabajo legítimas, y además hasta el propio Síndico de la causa recomendó que la empresa siguiera en manos de los trabajadores porque consideró que la interrupción de la actividad ocasionaría un daño grave".
El despacho fue acompañado por Fuerza Porteña, parte del radicalismo, el PJ, los bloques de izquierda, el ARI y el diputado Julio Crespo Campos (Ucedé), quien por primera vez votó positivamente por un proyecto de estas características.
"Si bien no es una solución de fondo, Crespo Campos entendió que esta iniciativa era una manera de que el Estado interviniera y pudiera preservarse el empleo. Luego de contestarle una serie de preguntas que tenían que ver con el respeto por la propiedad privada, y al ver que la Cooperativa Coopertel tenía absolutamente todo en regla, el diputado decidió apoyar esta iniciativa", explicó Moresi.
