El conflicto por la instalación de las tragamonedas en la Ciudad de Buenos Aires, que fueron autorizadas por el juez federal de La Plata, Julio César Miralles, tuvo este martes una nueva vuelta de tuerca. Esta pelea en realidad va más allá de un conflicto puramente jurisdiccional, para entrar de lleno en la intención del Gobierno porteño de recaudar su parte de lo que se juega en la ciudad, ya que hasta hoy no recibe un solo peso por ese rubro.
En principio, el juez platense le envió una circular al jefe de gobierno, aclarándole que el fallo que emitió fue utilizado"con fines opuestos y con distorsionada lectura" y que estaba referido sólo a la necesidad de preservar la fuente de trabajo de los afiliados al gremio que agrupa a los trabajadores de los locales de apuestas. Los funcionarios porteños y el Poder Judicial de la ciudad interpretaron así que la oportuna aclaración les dejaba las manos libres para proceder al secuestro de las máquinas.
En la noche del martes, entonces, fueron allanados dos locales por orden del titular del Juzgado Contravencional Nº 3, Marcelo Vázquez.
En el barrio de Recoleta, estuvo a cargo del operativo el titular de la Fiscalía Contravencional Nº 4, Luis Duacastella Arbizu, que allanó el local en el que funciona el restaurante Hippopótamus, en el que también existe una agencia de apuesta hípicas.
Allí había gente utilizando 32 máquinas tragamonedas, cuatro máquinas de póquer y dos ruletas electrónicas, cuyo funcionamiento está prohibido en el ámbito porteño. Todos esos elementos fueron secuestrados y puestos -por orden del juez- bajo la custodia del Gobierno porteño.
De todos modos, el allanamiento a estas oficinas continuaba hasta el mediodía del miércoles, ya que algunos sectores -que estaban bajo llave- fueron impenetrables para los policías.
El segundo local allanado fue el Bingo Congreso, en el que la titular de la Fiscalía Contravencional Nº 10, Elsa Miranda, secuestró 50 juegos de resolución inmediata -con sus respectivas fichas, que sumaban unas dos mil por cada máquina-, también por orden del juez Vázquez.
Estos elementos secuestrados quedaron bajo la custodia de la División de Seguridad Pública de la Policía Federal.
El operativo duró alrededor de doce horas -culminó a las nueve de la mañana de este miércoles- y se produjeron incidentes entre los policías que llevaron a cabo el allanamiento y los empleados de la empresa, temerosos de perder su fuente de trabajo en estos tiempos azarosos.
LA INTERVENCIÓN DE IBARRA
El jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, se pronunció este martes en favor de la necesidad de presionar a la Legislatura para que apruebe de una vez por todas la ley de creación del Instituto del Juego, que sufre el abandono de los diputados en algún cajón perdido de la Legislatura porteña.
De todos modos, la incorporación de Ibarra a la polémica se produjo de manera tardía, porque el proyecto de ley ya hace tiempo que descansa en la Legislatura y no se habían detectado hasta ahora esfuerzos denodados del jefe de Gobierno para destrabar su sanción. Claro que -para ser justos- tampoco los diputados hicieron muchos esfuerzos, excepto embarcarse en discusiones estériles, para que el Instituto del Juego viera la luz.
