El jefe porteño Aníbal Ibarra calificó de "marginales" y "patoteros" a los piqueteros que el viernes último protagonizaron disturbios en centro porteño, y enfatizó que el gobierno no se va a dejar presionar por las demandas de estos sectores, a quienes consideró desvinculados de las organizaciones tradicionales.
"Los ciudadanos que circulan por la ciudad tienen derecho a ser resguardados" afirmó esta mañana el jefe porteño que salió por varias radios a comentar los hechos de violencia de un pequeño grupo de piqueteros, que pedían Vales Ciudad y terminaron golpeando a los automovilistas que intentaban superar el bloqueo de la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo.
Por su parte, el ministro del Interior Aníbal Fernández anticipó que "van a ir todos presos" los piqueteros que participaron en los desmanes, de los cuales solo uno está detenidos. Se trata de Máximo Mejía, quien este lunes se negó a declarar por segunda vez ante la jueza Susana Nocetti de Angelleri, después de observar los videos de los incidentes donde él aparece destrozando los vidrios de un taxi que buscaba sobrepasar el piquete.
Mejías es uno de los tres identificados por aquellos incidentes, pero el único que fue detenido: los otros cinco, dos de ellos individualizados, permanecen prófugos ya que la inacción policial -y política- en el momento de los incidentes fue absoluta.
El incidente, que motivó la verborragia del jefe de Gobierno, fue protagonizado el viernes pasado por unos 70 integrantes del comedor Simón Bolívar, ubicado en Estados Unidos 1200, pertenecientes a la Asamblea Barrial San Telmo, cuando interrumpieron el tránsito en la avenida 9 de Julio y Carlos Calvo para reclamar al gobierno porteño más vales de comida.
El ministro del Interior explicó que este lunes por la mañana se había comunicó con el taxista agredido, Walter García y adelantó que el presidente Néstor Kirchner esta tarde también charlaría con él. "Esto fue un accionar delictivo; la jueza ya detuvo a uno y hay pedido de captura para los otros seis restantes", apuntó Fernández.
Desde la oposición macrista, el legislador Martín Borrelli presentó un pedido de informes sobre lo sucedido el viernes. En su pedido, argumentó que estos hechos "marcan un antes y un después en cuanto a la prevención de la violencia" y adelantó que le pedirá al fiscal de la causa que cite a Aníbal Ibarra "dado que manifestó que conoce a algunas de las personas que llevaron a cabo los incidentes".
En contrapunto, el jefe porteño declaró que los hechos de violencia "en ningún caso se justifican porque fueron por un reclamo totalmente absurdo, y cuando se les dijo que ‘no’, salieron como sacados a cortar parte de una avenida y realizaron lo que todo el mundo vio, con profunda indignación". Juzgó que lo que verdaderamente pretenden estos sectores es "manejar los planes sociales" y anticipó que el Gobierno "no va a ceder" ante esas presiones.
A su turno, Fernández puntualizó que para resolver estos casos, "la única forma es trabajar sobre la causa".
Por su parte, el secretario de Desarrollo Social de la comuna porteña, Rafael "Balito" Romá, explicó que " (a los manifestantes) los recibió la gente de la secretaría, que fueron muy maltratados, insultados, escupidos y hasta amenazados por un individuo que tenía un vendaje que amenazaba sacarse diciendo que era portador del HIV ".
El funcionario del área social destacó que "el diálogo con todas las organizaciones es muy bueno e incluso con las más radicalizadas, pero el accionar de esta gente va más allá de cualquier negociación."
Finalmente, el funcionario explicó que "la demanda que esta gente realizaba de forma tan inorgánica estaba referida a otorgar facilidades para un comedor en la villa Rodrigo Bueno y además un cupo de vales Ciudad, que el gobierno está buscando extender hacia otros barrios. Este es un tema que cuesta desarrollar; no es que yo saco un vale de la caja y se lo damos".
