En un escenario político – judicial donde el fuero criminal y correccional con base en Comodoro Py se lleva toda la atención por las causas contra los principales dirigentes políticos, el Contencioso Administrativo asoma como un viejo conocido. En parte, por el rol que tuvieron sus jueces durante los años 90’, al poner el ojo sobre las privatizaciones y reformas y hasta impedirle al entonces presidente Carlos Menem ejecutar un decreto de 1998 que planteaba la demolición del edificio de la ex ESMA.
Más cerca en el tiempo, por fallos como la suspensión de febrero del 2015 a la adecuación de oficio del Grupo Clarín a la Ley de Medios, dispuesta durante el Gobierno de Cristina Kirchner por el titular del Juzgado en lo Contencioso N°9, Pablo Cayssials -uno de los funcionarios judiciales que viajó a Lago Escondido con un directivo de ese grupo, dirigentes políticos y exagentes de inteligencia-.
También por la anulación del juez Martín Cormick del decreto del expresidente Mauricio Macri que habilitó a familiares de funcionarios a blanquear capitales en 2016; o el reciente fallo de la jueza María Cecilia Gilardi Madariaga, que anuló el Decreto de Necesidad y Urgencia del 2020 en el que el presidente Alberto Fernández declaró como servicio público a las telecomunicaciones.
A ese tipo de cuestiones gubernamentales se aboca el trabajo de Contencioso Administrativo, cuya Cámara de Apelaciones está presidida por un juez histórico como Jorge Morán y se organiza en cinco salas de tres jueces y juezas, mientras que la primera instancia está conformada por 12 Juzgados. En la actualidad hay una vacante en cada instancia.
Al fuero de la “gobernabilidad” lo integran jueces y juezas designados por decretos de Alberto Fernández, Mauricio Macri, Cristina Kirchner, Néstor Kirchner y Carlos Menem. Y quienes conocen los pasillos de ese fuero, repartidos entre la planta baja del Palacio de Tribunales y los juzgados repartidos entre las calles Pellegrini, Paraguay y Tucumán del centro porteño, señalan sin dudar el rol central del camarista Sergio Fernández. Para graficar el nivel de influencia del actual presidente de la Sala III durante mucho tiempo se referenció al Fuero Contencioso Administrativo como el “fuero de los Fernández”, catalogación en la que estaba incorporado el hermano del juez y conocido operador judicial Javier Fernández.
Barra, el apellido fuerte de Milei ante Contencioso
Hay quienes sostienen que es el hombre clave al que tendrán que recurrir los representantes judiciales del gobierno de Milei ante el contexto que se avecina. Por eso no dejan de valorar, a pesar de los reparos ideológicos profundos que expresan varias de ellas, que fue un acierto colocar al exministro de Justicia y exintegrante de la Corte, Rodolfo Barra, como procurador del Tesoro.
A pesar de un cuestionamiento que surgió por una normativa que le impediría ocupar ese puesto por su edad, en el entorno de este administrativista creen que su desembarco está asegurado. Resaltan el nivel de conocimiento que tiene del fuero y de sus integrantes -principalmente los más antiguos-, originado durante su formación académica, consolidado durante el menemismo y continuado incluso fuera de la función pública como litigante privado.
Como futuro procurador del Tesoro, Barra estará encargado, entre otras cosas, de liderar la representación y defensa del Estado nacional en las causas que se inicien para cuestionar las decisiones impulsadas por el presidente y sus funcionarios. Está convencido de que aportará los conocimientos jurídicos, que serán la base de apoyo de las reformas que promete Milei atravesadas por el achique del Estado, como hizo con Menem.
En su entorno dijeron que está “muy acostumbrado” a Contencioso y que si bien espera que haya planteos contra las medidas de Milei confía en que la sociedad va a bancar el ajuste. Cuando le preguntan por esto último, cuentan cerca de él que suele responder que va a haber el mismo nivel de comprensión que hubo a principios de los 90’ cuando en el gobierno inventaron el concepto de “sacrificio compartido” para suavizar la narrativa del ajuste.
Para el oficializado procurador, el Fuero Contencioso va a tener cierto grado de comprensión y aportará gobernabilidad, al menos durante los primeros meses de rodaje del nuevo gobierno. Sin embargo, ve que la madre de las batallas estará en el mediano plazo, cuando los cuestionamientos que inicien en el fuero vayan a la Corte Suprema. Así y todo, Barra reparte valoraciones positivas para los cuatro supremos y sostiene ante su entorno que hay jurisprudencia favorable del Máximo Tribunal a las “medidas de urgencia” que aplicará Milei.
¿El Contencioso puede brindar gobernabilidad?
El concepto de “gobernabilidad” aparece constantemente ligado al fuero. Para Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista, nada asegura que sea una característica garantizada para los gobiernos. “Primero hay que definir qué es ayudar a la gobernabilidad”, indicó.
Y agregó: “El Contencioso es un fuero que le puso límites a Menem, a De la Rúa, a Cristina, a Macri y a Alberto. No es un fuero que vaya a acompañar cualquier cosa. Si hay un margen de discrecionalidad por parte del Estado en la toma de decisiones, puede ser que alguno de esos jueces te acompañe, pero no es que todo el fuero va a acompañar cualquier cosa por la gobernabilidad”
Así y todo, en La Libertad Avanza (LLA) no dejan de pronosticar que habrá casos en los que este fuero judicial será “decisivo” con respecto a las políticas del nuevo gobierno. “Todo cambio sustancial, por más que yo entienda que es legal y que es beneficioso para el país, va a traer cuestionamientos. No sé si serán demandas, amparos o proyectos de ley en sentido contrario. Creo que va a haber una mezcla de todos. No creo que sea una avalancha, pero sí al principio, sobretodo, va a haber muchos cuestionamientos”, dijo a este medio un asesor judicial de La Libertad Avanza (LLA).
Hay quienes se animan a pronosticar casi sin dudar que los principales casos que llegarán a manos de los jueces y juezas de Contencioso Administrativo serán relacionados con el régimen y estabilidad del empleo público, eliminación de regímenes y delegación legislativa. Otra referente del Derecho Administrativo sumó al listado la posible disolución o privatización de empresas públicas y los aumentos de tarifas de servicios, en un fuero plagado de litigantes que, en su mayoría, representan a las empresas.
Cómo está compuesta la Cámara
Como se mencionó antes, la Cámara está presidida por un hombre de carrera judicial como Jorge Morán, que además de ser vocal de la Sala IV ocupa una de las sillas de la Junta Nacional Electoral encargada de velar por los procesos electorales. La sala está presidida por Marcelo Daniel Duffy y Rogelio Wester Vicenti, ambos nombrados en 2011 durante el gobierno de Cristina Kirchner.
A principios de noviembre, esa sala confirmó un fallo de primera instancia del juez Enrique Lavié Pico que, en el marco de la llamada “Causa Peajes” frenó el mecanismo de renegociación y compensación por 499 millones de dólares que había pactado Macri con la concesionaria de la autopista Panamericana, Ausol.
El vicepresidente de la Cámara es Guillermo Treacy, un abogado de 57 años que es camarista desde 2010 e integra la Sala V junto con Jorge Alemany y Pablo Gallegos Fedriani. En 2020, los dos primeros firmaron un fallo en el que rechazaron un pedido de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi para suspender la revisión de sus traslados a dedo durante el macrismo. En primera instancia había intervenido la jueza María Alejandra Biotti, asumida en 2015 por decreto de Cristina Kirchner.
La Sala I es presidida por Liliana Heiland y la integran Rodolfo Facio y Clara María Do Pico, que en marzo pasado, por ejemplo, rechazó un pedido del senador del Pro Luis Juez para que Cristina Kirchner lo designe en el Consejo de la Magistratura.
La Sala II tiene como integrantes a los camaristas José Luis López Castiñeira, María Claudia Caputi y Luis María Vázquez, que vienen -a excepción de la jueza- de ratificar un fallo en el que se impidió la importación de autos de lujo, en función de un reclamo de la Aduana durante la gestión del massista Guillermo Michel.
En la Sala III hay un cargo vacante correspondiente a la Vocalía 9. Es la sala que preside Fernández junto con el juez Carlos Manuel Grecco.
Por otro lado, entre los integrantes de primera instancia aparecen el juez N°1 Enrique Manuel Alonso Regueira, de 45 años, que en marzo del 2022 repuso en su puesto al fiscal Juan Pedro Zoni, que investigaba el acuerdo para condonar la deuda con el Estado que tenía Correo Argentino, del Grupo Macri. Un año después rechazó un amparo que había presentado la organización Poder Ciudadano para conocer las cláusulas de confidencialidad firmadas entre el Estado y los laboratorios por las vacunas del Covid-19.
Otro de los jueces es Esteban Furnari, designado en 2007 por Néstor Kirchner, que en abril del 2021 le ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que suspenda las clases presenciales o, más atrás en el tiempo, en 2013 puso un freno la reforma judicial denominada “democratización de la Justicia”, que impulsaba el kirchnerismo. En primera instancia también está el juez Santiago Carrillo, que en mayo de este año desestimó una presentación que buscaba declarar la inconstitucionalidad de la Ley de Etiquetado frontal.
Una de las eminencias del fuero es la jueza Rita María Teresa Ailán, de 70 años, que ocupa el Juzgado N°4 desde 2006. Fue quien, entre otras cosas, en diciembre del 2021, rechazó el pedido de prórroga de la medida cautelar que obtuvieron Telecentro y DirecTV contra el decreto que estableció que las telecomunicaciones eran servicio público.
Otra de las que integra la primera instancia es Macarena Marra Giménez, que en 2021 dictó una cautelar que ordenó que no se aplique una ley aprobada por el oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires para que había habilitado al Tribunal Superior de Justicia porteño a revisar sentencias de la Justicia Nacional, decisión leída como un revés para Macri en medio de la disputa de la Causa Correo.