La diputada nacional de UNA, Claudia Rucci, quiere que los jefes Montoneros terminen presos. Este lunes pidió la declaración indagatoria de cuatro personas que integraron la organización, entre ellos tres miembros de la cúpula. Todo en el marco de la causa por el crimen de su padre, el ex secretario general de la CGT José Ignacio Rucci, asesinado el 25 de septiembre de 1973.
Pero para esta embestida judicial es fundamental el libro Operación Traviata, de Ceferino Reato. este periodista de Perfil, en la actualidad a cargo de la revista Fortune, quien fue siempre un cruzado en la causa de la condena de los jefes montoneros, misión a la que está abocado hace ya varios años, con el apoyo de todos aquéllos poderosos que el 24 de marzo del 76 aplaudían los sucesos del proceso.
El abogado de Rucci, Miguel Angel Pló, le pidió al juez federal Ariel Lijo que cite a indagatoria a Mario Firmenich, Roberto Perdía, Fernando Vaca Narvaja y Ernesto Jauretche (sobrino de Arturo). Porque “podrían resultar presuntos autores intelectuales y/o materiales del asesinato de Rucci”.
Cuando Rucci fue asesinado, Firmenich y Perdía integraban la Conducción Nacional de Montoneros; Vaca Narvaja era el responsable político militar de la organización; y Jauretche era subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de la provincia de Buenos Aires y presunto responsable de la logística del crimen.
La querella sostiene que Jauretche fue la fuente principal del libro Operación Traviata, de Reato, en el que cuenta que Montoneros contó con apoyo del gobierno bonaerense, entonces a cargo de Oscar Bidegain.
Su crimen fue conocido como “Operación Traviata”, en alusión a la publicidad de una galletita, que en la época del hecho se promocionaba como la que tenía “23 agujeritos”.
El crimen de Rucci tuvo tres causas judiciales, todas cerradas, y en 2008 se inició una nueva a pedido de la diputada Rucci y de su hermano Aníbal.
El juez Lijo sostuvo en agosto de 2008: “Existen elementos que me permiten afirmar la sospecha de que en la decisión de llevar adelante el hecho participaron miembros de la agrupación Montoneros, como así también de la organización denominada Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)”.
Pero el magistrado cerró la causa porque después de 40 años “son escasos los elementos probatorios” para hacer imputaciones y que la causa estaba prescripta ya que no era un caso de lesa humanidad.
La Cámara Federal revocó en diciembre de 2012 esa decisión y le ordenó al juez Lijo profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba. Veremos si Reato logra coronar ahora. Parece difícil.
