Tras el decreto 525 que el viernes último emitió en Córdoba el gobernador José Manuel de la Sota con el objetivo de garantizar la libertad de prensa, siguiendo los pasos del jefe de Gobierno Mauricio Macri; la mesa de Unidos y Organizados, con representación en esa provincia rechazó la iniciativa sosteniendo que “con esta norma se pretende beneficiar a grupos económicos, en particular al Grupo Clarín”.
Para el sector kirchnerista el decreto “es de una inconstitucionalidad manifiesta, poniendo una norma provincial por encima de leyes de carácter federal”.
Según la agrupación, “es obvio que con esta norma se pretende beneficiar a grupos económicos en particular, en este caso el Grupo Clarín y Cadena 3, promoviendo nuevas trabas para evitar la plena aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522)”.
En ese sentido, recordaron que “la deuda que mantiene la provincia con medios que no le son afines”, como el caso de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), además de la decisión de “clausurar antenas de Televisión Digital Abierta”, lo que deja entrever la “dudosa interpretación del concepto de pluralismo y libertad de expresión por parte de De la Sota”.
