El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, presentó este miércoles una denuncia ante la justicia federal para que se investigue quiénes intentaron utilizar su nombre para supuestamente realizar negocios, informaron fuentes judiciales.
La denuncia fue presentada en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, bajo el rótulo de “averiguación de delito” y recayó por sorteo en el juez Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Gerardo Pollicita.
Todo se supo cuando en el Ministerio del Interior se enteraron de que alguien había intentado hacerse pasar por De Pedro cuando les avisaron desde la empresa petrolera Equinor, lo cual los puso en alerta.
“En razón de una comunicación telefónica recibida en el Ministerio del Interior desde la empresa Equinor, en la que manifestaron que una persona se hizo pasar por el Ministro y solicitó una gestión a favor de un tercero, se requirió a la citada empresa que realizara una presentación formal detallando lo sucedido”, informaron desde la cartera que conduce De Pedro.
“Una vez recibida la citada presentación, y ante la gravedad de los hechos relatados, el Ministro presentó un denuncia penal ante la justicia federal a efectos de que se lleve a cabo la investigación pertinente”, completaron.
La nota se recibió el 3 de octubre. El hombre que decía de Pedro le pedía recibir a un supuesto representante de una empresa prestadora de servicios que podría colaborar en el proyecto offshore de Equinor”. En la foto del WhatsApp el impostor había puesto una foto del ministro del Interior.
Equinor es una compañía petrolera estatal noruega.
Según las fuentes consultadas, la denuncia será girada ahora a la fiscalía de Pollicita para que decida si requiere medidas que permitan profundizar y esclarecer la investigación. El cuadro descripto podría encuadrar en el delito de tráfico de influencias, que castiga a quien por sí o por persona interpuesta solicitare o recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer valer indebidamente su influencia ante un funcionario público, a fin de que éste haga, retarde o deje de hacer algo relativo a sus funciones. La pena fijada es de 1 a 6 años de prisión o reclusión, e inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública, como pena accesoria.