La desmesurada pelea que enfrenta a la Nación y la Ciudad adquiere nuevos ribetes con el transcurrir de las semanas. A pesar de ello, los oponentes no se achican y van por más. Tal como adelantó Noticias Urbanas, la estrategia del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, de redoblar la apuesta al exigir la autonomía plena del distrito y utilizar para eso todos los medios disponibles, no se detiene allí. En los últimos días, el ingeniero estuvo analizando junto con su grupo de mayor confianza que antes de dar la batalla en la Legislatura porteña, se priorice la pata judicial. Está convencido de que la justicia le dará la razón.
?La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires nos da la razón porque dice claramente que cualquier traspaso que haga el Gobierno nacional a la órbita de la Capital Federal se debe hacer con sus respectivos recursos. Y eso es válido para los subtes como para los colectivos, sin olvidarnos de la Policía Federal. Y por eso se privilegiará la vía judicial. Incluso, si las circunstancias lo requieren, se llegará hasta la Corte Suprema de Justicia?, le manifestó a este medio un operador macrista, al explicar los motivos por los cuales el Jefe de Gobierno de la Ciudad pondrá el acento sobre esta estrategia. El propio Macri se basó en el texto constitucional para defender su postura en la pelea con la Nación. ?La Constitución de la Ciudad no deja lugar a duda, dice que cada vez que el Estado nacional quiera transferir competencias, tiene que hacerlo con recursos y, además, tiene que ser debidamente aprobado por la Legislatura local porque, aún con recursos, los gobernadores no pueden hacerlo de prepo?, aseguró ante una consulta periodística.
En la misma línea se expresó la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien resaltó la movida de recurrir a la Justicia para definir el conflicto suscitado entre ambas administraciones, ?Transferir el transporte sin recursos es el resultado de un sistema de transporte y de subsidios que fracasó. Nosotros estamos dispuestos a hacernos cargo pero con recursos, con instancias de diálogo y negociación. Ahora hay dos instancias, lo que diga el Congreso nacional, pero que no es efectivo hasta que la Legislatura porteña no se exprese, y la instancia judicial. Tanto el Gobierno de la Ciudad como el nacional han generado instancias judiciales en el Fuero Contencioso, Administrativo y Federal, que van a tener que llegar a una resolución. Si eso no sucede, finalmente todo tendrá que resolverlo el máximo tribunal, en este caso, la Corte Suprema, aunque esperamos no llegar a esa instancia?, desafió la funcionaria porteña.
Uno de los motivos fundamentales por el cual Macri no da el brazo a torcer en la cuestión de los recursos es por el monto millonario que el Estado destina a los servicios de transporte público. Cifra que en el Pro consideran ?demasiado alta? e ?injustificada?. A esa conclusión llegaron luego de analizar en detalle los números. En materia de servicios de transporte automotor de pasajeros la erogación mensual de la Nación en concepto de subsidios representa, a valores del mes de febrero de 2012, 87.852.332,42 pesos, mientras que en materia de subterráneos, entre el año 2003 y 2011, se ha aplicado una suma de 2.655.362.247,22 pesos y un monto de 102.351.114,21 de pesos en inversión realizada en travías, sin contar los costos operativos.
Juego de leyes
La reforma de 1994 de la Constitución Nacional, que cambió el status jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que dejó de ser una entidad autáquica dependiente del Gobierno nacional, para ser un ?gobierno autónomo, con facultades de legislación y jurisdicción dentro de su territorio?. Ello fue complementado por la Ley n.º 24.588 (Ley Cafiero), por la cual se establecieron los alcances de las potestades locales en materia de servicios públicos, quedando a cargo de la Ciudad aquellos que no excedieran el ámbito territorial de la misma. La mencionada ley fue expresamente introducida en la renegociación del contrato de concesión del servicio de subterráneos. La Ciudad, mediante la Ley n.º 373 sancionada el 11 de mayo de 2000, adhirió al Decreto n.º 393/99, por lo que restaba solamente la culminación de la transferencia ya aceptada por el Gobierno local.
A la Justicia por
los subtes
Tomando como argumento lo que dice la Constitución de la Ciudad y aconsejado por abogados constitucionalistas, lo primero que hizo Macri al enterarse de que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, envió al Congreso nacional el proyecto de traspaso de la red de subterráneos y de las 33 líneas de colectivos que solo circulan por la Capital Federal, fue presentarse en los tribunales. Así, el Gobierno porteño realizó el lunes 5 de marzo una presentación judicial ante el fuero Contencioso Administrativo Federal para que la Justicia se expida acerca de la situación de competencia entre la Nación y la Ciudad. En el texto se solicita que el Gobierno nacional ?se abstenga de ejecutar cualquier acto y/o medida que signifique la continuidad del proceso de transferencia de los subterráneos de Buenos Aires, hasta tanto no se cumpla con las obligaciones asumidas por el Estado nacional en los artículos tercero, quinto y concordantes del acta acuerdo firmada?. Los artículos citados en el escrito judicial aluden al compromiso que había asumido el Gobierno nacional de abonar 360 millones de pesos en concepto de subsidios en un plazo de doce meses y a la obligación porteña de aplicar como método de percepción de boletos el Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE), entre otros aspectos técnicos del acuerdo. La Ciudad hizo reserva de la cuestión federal, esto es, que en caso de considerarlo necesario, podría llegar a la Corte Suprema por las respectivas vías de apelación, teniendo en cuenta que hay derechos de orden constitucional en pugna.
?Resulta evidente que hasta tanto las partes no hayan arribado a un acuerdo sobre las cuestiones legales, económicas y administrativas derivadas del contrato de concesión ni definido cómo se atenderán los distintos compromisos resultantes no se puede continuar con el proceso de transferencia?, se lee en uno de los párrafos del escrito presentado en sede judicial. En el texto, la administración capitalina acusa sin reparos al gobierno K al señalar que: ?la Secretaría de Transporte, en forma unilateral y sin fundamento alguno, incumplió la obligación ?sustancial a los fines del mantenimiento del servicio? asumida en el artículo tercero, dictando la Resolución n.º 10, el 26 de enero pasado, derivando el subsidio comprometido hacia un destino diferente al previsto?, critica la presentación. Para la Ciudad la reducción inicial a la mitad de los subsidios ?significaba la eliminación de todo subsidio a cargo del Estado nacional?, lo que para la comuna ?tuvo una clara intencionalidad política y puso en grave riesgo la prestación del servicio?. Finalmente, el escrito judicial concluye afirmando: ?Privado el servicio del subsidio comprometido, y como es de público conocimiento, el Estado nacional tomó la decisión, también en forma inconsulta, de iniciar el retiro de las fuerzas policiales destinadas a garantizar la seguridad de las estaciones correspondientes al sistema del transporte subterráneo?.
Las causas de una jugada
La jugada de Macri se debe a la seguridad de que el kirchnerismo conseguirá aprobar cómodamente la ley del traspaso de subtes y colectivos en el Congreso, y por eso el Pro se prepara para rechazar esa iniciativa en la Legislatura porteña y avanzar, a la vez, por la vía judicial, para de esa manera, juntar fallos a favor y lograr que finalmente la Corte Suprema obligue a una transferencia con recursos. Mientras espera lograr una cumbre con Cristina Fernández.
?Aunque aprueben con facilidad el proyecto tanto en Diputados como en el Senado, los K saben que cuando se trate en la Legislatura la iniciativa será rechazada y entonces no quedará otra que la instancia judicial. Vía que nos es muy favorable. Por eso creemos que, ante la posibilidad de que la Justicia nos de la razón, esto es, que la transferencia se deba hacer con los correspondientes recursos, el kirchnerismo volverá a la mesa de diálogo y es muy probable que la Presidenta se reúna con Mauricio?, le explicó a NU un operador judicial del Pro.
El funcionario macrista que dialogó con este medio basó su confianza en la vía judicial, no sólo por lo expresado por la la Carta Magna de la Ciudad, sino también por lo que dice la Constitución Nacional. ?El artículo 75, al referirse a las funciones del Congreso, diceque ?no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la Ciudad de Buenos Aires en su caso??.
Macri aceptaría hacerse cargo de la red de subterráneos si Cristina se sienta a negociar con él y se compromete a darle los avales que desde hace años se niegan para que la Ciudad pueda obtener un crédito del Banco Mundial y del BID. Hace menos de una semana, el propio ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio de Vido, trató de reanudar las conversaciones con el macrismo. Propuso una primera reunión secreta entre él y el Jefe de Gobierno, pero desde el Pro le agradecieron por el gesto reiterándole que Macri solo se sentará a hablar con la Presidenta.
El jefe porteño no quiere saber nada con De Vido, ya que, según su visión, incumplió su palabra al no entregarle los subsidios para financiar el servicio de subtes.
?Hoy está todo trabado en la Justicia. Vamos a insistir por allí aunque el Gobierno nacional nos quiera obligar a cumplir con el proyecto del Congreso. Por eso estamos esperando que la Justicia termine avalando nuestras presentaciones ante los recursos similares interpuestos por la Nación y cuando tengamos un convenio iremos a la Legislatura?, sostienen los macristas. El repaso de los hechos indica que la guerra entre Nación y Ciudad promete ser larga y con grandes repercusiones políticas. Sin embargo y a pesar de los pronósticos agoreros, Mauricio Macri confía en que la estrategia judicial le terminará dando la razón. o
