El gobierno de la provincia de Buenos Aires reglamentó el modo en que se harán públicas las declaraciones juradas de los funcionarios bonaerenses y dispuso, a su vez, la existencia de una versión extendida, que tendrá carácter reservado, y otra sintética, a la que podrá acceder el público.
También determinó que se sancione con penas de hasta dos años de prisión a los funcionarios, empleados o terceros que “vulneren el carácter y/o contenido” de las declaraciones reservadas, es decir, las versiones extendidas.
Esta medida desató una larga serie de controversias, tantas que rápidamente el secretario Legal y Técnico provincial Julio Conte Grand anunció que el jueves habrá otro decreto para corregir este punto, que penaría a los periodistas con prisión si revelaran el contenido de las Declaraciones Juradas. Antes, la propia gobernadora había anunciado que “si hay alguna cuestión técnica que generó dudas, será revisada”. En realidad, no era técnica la cuestión, pero se entendió la rectificación.
A través de un decreto firmado por la gobernadora María Eugenia Vidal, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia, se modificó el decreto 116/16, que regula el régimen de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y agentes en el ámbito de la Provincia, y se oficializó la prórroga por 60 días para la presentación de esas declaraciones.
La medida que será modificada disponía “sanciones” a quienes difundan “cualquiera de los datos” contenidos en las versiones extendidas de las declaraciones y para quienes usen “indebidamente” las versiones sintéticas o “cualquiera de los datos en ellas contenidos”.
El decreto establece que las declaraciones juradas patrimoniales sintéticas “serán públicas” y su contenido podrá ser consultado por cualquier persona, pero prevé sanciones para quienes tengan “cualquier propósito comercial, exceptuando a los medios de comunicación y noticias para la difusión al público en general”; “determinar o establecer la clasificación crediticia de cualquier individuo”; o “efectuar en forma directa o indirecta una solicitud de dinero con fines políticos, benéficos o de otra índole”.
La Declaración Jurada Patrimonial alcanza a un total de 55.000 personas entre ellas la gobernadora, el vicegobernador, ministros, secretarios y titulares de organismos autárquicos y descentralizados, y subsecretarios, entre otros miembros de la administración pública bonaerense. También incluye a “el personal de la Policía y del Servicio Penitenciario, con categoría igual o superior a la de subcomisario o equivalente, o personal de categoría inferior a cargo de una comisaría”.
En tanto, el Senado provincial tenía previsto esta semana aprobar un proyecto que ratifique el decreto de Vidal, pero que incluya también a los diputados y senadores provinciales. En ese sentido, tampoco se descarta que la propia Vidal inste a modificar el texto normativo o dé, directamente, marcha atrás con sus aspectos más sensibles.
La iniciativa invita también a que hagan pública la declaración jurada patrimonial los integrantes del Poder Judicial, intendentes y concejales.
