La justicia de Estados Unidos ha permitido embargos por un total de US$210 millones contra Argentina, en el contexto del litigio relacionado con la deuda soberana que se declaró en default tras la crisis de 2001. Esta decisión fue tomada por la jueza Loretta Preska, quien también ha decidido congelar otros US$100 millones hasta que dos grupos de acreedores (Attestor Master y Bainbridge Fund) resuelvan su disputa.
La defensa argentina intentó, sin éxito, desestimar esta reclamación ante la Corte Suprema de EE. UU. Es importante mencionar que el miércoles, los tenedores de bonos conocidos como “cupón PBI” aseguraron la garantía de US$325 millones que el país había reservado para poder apelar en un juicio en el Reino Unido.
La magistrada Loretta Preska tomó una decisión en un contexto donde existen múltiples reclamos contra el país, como el caso relacionado con la expropiación de YPF. Esta resolución establece que los acreedores podrán acceder a los fondos que están en cuentas de la Reserva Federal de Nueva York, así como en Alemania y Suiza.
“La Juez Loretta Preska ha autorizado el embargo de USD 210 millones que corresponden al colateral de los Bonos Brady. En la misma resolución, se congelan otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund) finalicen la disputa por esos USD 100 millones”, detalló el analista Sebastián Maril en un mensaje en su cuenta de la red X, quien es un especialista en demandas internacionales contra nuestro país.
La demanda fue presentada por los holdouts que no lograron cobrar los bonos argentinos tras la crisis de 2001, a pesar de los tres reestructuraciones que realizó el país en 2005, 2010 y 2016 por un total de US$9300 millones. En un principio, obtuvieron un fallo favorable en primera instancia por parte de Preska, que ordenó al Estado argentino a abonar un total de US$477 millones.
Según el análisis de Maril, el gobierno podría “sacar provecho político” de la circunstancia. En una publicación reciente, el analista señaló: “Si yo fuera el Presidente Javier Milei, convocaría a una Cadena Nacional y explicaría claramente por qué no se ejecutan estas sentencias, sumando varios puntos políticos antes de las elecciones de octubre”, comentó.
Es importante destacar que los recientes embargos sobre activos argentinos debido a juicios perdidos a nivel internacional, que ocurrieron esta semana, coinciden con los primeros días de trabajo del nuevo procurador del Tesoro de la Nación, Santiago María Castro Videla, quien ha asumido el cargo en lugar de Rodolfo Barra.
¿Cuál es el origen de los embargos?
Este embargo se centra específicamente en el colateral relacionado con los Bonos Brady, que son títulos respaldados por bonos del Tesoro de Estados Unidos y que se utilizaron como garantía cuando Argentina se incorporó al Plan Brady en 1993 para reestructurar su deuda. Uno de los casos más complicados es el de los US$ 16.000 millones que Argentina debe abonar tras perder el litigio con los accionistas minoritarios por la nacionalización de la empresa petrolera YPF en 2012.
La historia se remonta a 1992, cuando Argentina se unió al Plan Brady emitiendo bonos asegurados por otros bonos cupón cero emitidos por el Tesoro estadounidense. Los demandantes en este caso son siete fondos de inversión que adquirieron deuda argentina en 1994 como parte de una reestructuración y se vieron perjudicados cuando el país declaró el default en 2001.
Así, se trata de reclamos realizados por tenedores de bonos que entraron en default hace 23 años. La reciente victoria de estos tenedores, respaldada por la Corte Suprema de EE. UU. en enero al desestimar la apelación argentina, se suma a otras “victorias” previas obtenidas por los “fondos buitres”. En esas instancias anteriores, Argentina fue forzada a entregar títulos que sirvieron como garantía para el pago de los bonos Brady, emitidos a inicios de la década de 1990. Con el cierre de sus obligaciones en 2023, estos títulos quedan liberados, pero nuevos fondos han sido embargados.
Los demandantes incluyen a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, quienes poseían cupones PBI vinculados al crecimiento. Esto significa que su pago dependía del crecimiento económico argentino. Estos acreedores han acusado a Argentina de perjudicarlos al cambiar la manera de medir el PBI, resultando en un pago inferior en 2013. Al unirse al Plan Brady, Argentina renunció a ciertos derechos como nación soberana.