El año 2023 comenzó con un déficit histórico en el Poder Judicial: las vacantes de jueces. Este año se inicia con un 24% de cargos de magistrados nacionales y federales -de todas las instancias- que no tienen titulares. Es un número que en las últimas dos décadas osciló entre el 20 y el 30 por ciento y que nunca se modificará bajar.
El dato surge de información oficial del Consejo de la Magistratura de la Nación. Hay 988 cargos de magistrados de primera instancia, de cámaras y de tribunales orales federales y nacionales en todo el país, de los derechos 242 están vacantes, sin sus titulares y ocupados por subrogantes que son magistrados que ya tienen sus tribunales. De esos 242, 13 corresponden a tribunales que están creados por ley pero que todavía no funcionan.
Esas 242 vacantes se encuentran en distintos procesos: 166 forman parte de concursos que están haciendo el Consejo, de los adecuados la mitad ya está en condiciones de ser aprobados; 51 están en el Poder Ejecutivo y 24 en el Senado de la Nación. La distribución corresponde a cómo es el proceso de selección de un juez. Es decir que casi la mitad están en la etapa de definición y no se aprueban.
Cuando un cargo queda vacante, el Consejo llama a un concurso público para cubrirlo. Los postulantes se anotan y comienza el proceso que consta de un examen escrito, el análisis de los antecedentes laborales y académicos y una entrevista personal. Con eso se elabora una terna con los mejores candidatos que el Consejo aprueba.
Luego se pasa a la segunda etapa. Ahí interviene el Poder Ejecutivo que debe elegir a uno de los postulantes y proponer su nombre al Senado de la Nación. Y la cámara alta es quien finalmente aprueba el nombramiento del nuevo magistrado.
El proceso es técnico pero tiene un alto contenido político que es en definitiva lo que traba muchas de las designaciones y así que hay un 24 por ciento de vacantes.
Radiografia de las vacantes
De las 242 vacantes, 166 están en el Consejo. Forman parte de los concursos que tiene el organismo abierto. De esas, 84 están en etapa de plenario. Eso quiere decir que el concurso ya terminó y solo resta que los consejeros lo aprueben para enviarlo al Poder Ejecutivo.
Para aprobar una terna se necesita los dos tercios de los votos de los 20 integrantes del organismo, la composición que rige desde abril pasado cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la integración de 13 miembros.
Sin embargo, desde noviembre pasado que el Consejo no está integrado. Faltan los representantes del Senado que está trabado por la disputa por uno de los lugares entre el Frente de Todos y Juntos para el Cambio que la reclaman para sí. Además, por esa pelea y la que hay entre el gobierno nacional y la Corte Suprema -su presidente Horacio Rosatti es también el titular del Consejo-, el organismo no se reúne desde junio del año pasado.
Lo que frena esos tratamientos es la falta de acuerdo político en el Consejo. La disputa entre el oficialismo y la oposición impide que se avance. Esos desacuerdos hicieron que el 2022 sea uno de los peores años en materia de concursos para el Consejo: aprobó 10. Se lograron destrabar con la llegada de Rosatti a la presidencia con muestras de buena voluntad del oficialismo y la oposición que luego no continuaron. El peor año había sido el 2021 cuando solo se aprobaron 5 concursos. En 2011 habían sido 6, en 2013 7 y en 2000 10. El Consejo supo tener años dorados: en 2018 aprobó 154 concursos; en 2010, 119 y en 2017, 93.
De los restantes 82 concursos que hay en el Consejo se encuentran en distintas etapas, algunos incipientes y otros más avanzados.
En el Poder Ejecutivo hay 51 concursos ya terminados por el Consejo que esperan la elección de uno de los integrantes de la terna. Allí la demora en resolver algunas ternas viene desde el gobierno de Mauricio Macri. En el gobierno están desde 2018 las ternas para cubrir seis cargos en Tribunales Orales Criminales de la ciudad de Buenos Aires que son los que juzgan delitos como homicidios, robos y violaciones.
La situación de los tribunales orales es particular. Son 28 y cada uno está integrado por tres jueces, por lo que debería haber 84 magistrados. Sin embargo, falta el 30 por ciento: solo hay 59.