La Cámara de Senadores debatirá en la sesión de este miércoles el proyecto de ley que establece un marco regulatorio para las demandas de particulares o empresas contra el Estado Nacional. Se trata de una polémica y discutida iniciativa que buscará regular la responsabilidad del Estado y los funcionarios, aunque el titular del Senado, el oficialista Miguel Pichetto, ya había aclarado que la normativa no exime a funcionarios de responsabilidad en materia penal.
El proyecto, que ya tiene media sanción, será discutida en la reunión plenaria del cuerpo prevista para iniciarse en horas del mediodía.
En términos literales, el expediente rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca a los bienes o derechos de las personas. Asimismo, la iniciativa indica que “la responsabilidad del Estado es objetiva y directa”, que “las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria” y que “la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”.
Otra explicación de la iniciativa del Poder Ejecutivo es que recorta las obligaciones del Estado y sus funcionarios por los actos u omisiones que perjudiquen a ciudadanos o empresas, y quienes se sientan afectados ya no podrían reclamar en el fuero civil.
Desde la oposición sostienen que la iniciativa busca que el Estado quede libre de responsabilidades en episodios similares al accidente ferroviario de la estación Once -que dejó 51 muertos y más de 700 heridos-.
Aunque distinta sería la situación que involucra al vicepresidente Amado Boudou en la causa Ciccone, ya que la suerte del funcionario se definirá en el fuero penal, y no en el civil.
Según el proyecto, el “Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a los cuales se les atribuya o encomiende un cometido estatal, cuando la acción u omisión sea imputable a la función encomendada”.
