Referentes sociales, ambientalistas y legisladores porteños denunciaron penalmente al Gobierno de la Ciudad por presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros delitos.
La denuncia fue acompañada por Jacquelin Flores (Federación de Cartoneros, Carreros y Recicladores de la República Argentina), Roberto Alfredo Gómez (Cooperativa El Álamo), los legisladores Myriam Bregman, Mariano Recalde y Patricio del Corro, Enrique Viale de Abogados Ambientalistas y Facundo Di Filippo del Colectivo por la Igualdad.
Según los y las denunciantes, las tácticas oficiales para convencer de los buenos resultados de la incineración de basura (que ellos y ellas entienden como “malversación de fondos”) para interferir en el debate sobre basura cero son la adulteración de información y persuasión de periodistas para que avalen esta práctica. Es que además de provocar un negativo impacto ambiental y sanitario se entiende como malversación de fondos públicos de las partidas de publicidad oficial, atentando contra la libertad de expresión.
Con “listas negras” los denunciantes se refieren a “personajes escaneables” que son sugeridos para coaccionarlos con pauta de publicidad oficial. Incluso, denuncian la existencia de una “línea de tiempo” con el cronograma distractivo para el mundial y fin de año convulsionad, “tiempos mediáticos” de notas “plantadas” a medios y periodistas, con viajes a Europa, “relacionamiento” y “pedagogía” con voceros, de manera de influir e interferir en el proceso de votación y “estrategia comunicacional” para “alinear actores/influenciadores en función de cambios normativos” se desprenden de los mismos.
Estos nueve archivos “filtrados” habrían sido creados por usuarios de la Agencia de Protección Ambiental, incluso algunos contienen el nombre y apellido de empleados de ese ente.
Asimismo, el ministro de Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, informó que instruyó al titular de la APRA para que investigue si los archivos existieron. El presidente, Juan Bautista Filgueira Risso, comenzó a mandar cartas con membretes oficiales pidiendo disculpas a algunas de personas que aparecen en las listas confeccionadas, reconociendo la responsabilidad de los hechos por parte del GCBA.
“En la CABA, la institucionalidad se encuentra en peligro y con ella los derechos ciudadanos. Lo que se denuncia reviste gravedad porque busca favorecer un negocio que pone en riesgo la vida de las personas y el trabajo de población vulnerable”, opinó Roberto Alfredo Gómez, de la Cooperativa El Álamo.
Por su parte, Myriam Bregman, legisladora del PTS en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mencionó: “Los documentos presentados revelan el modus operandi que el Gobierno utiliza para tapar temas que tienen un amplio rechazo en la población, utilizando la pauta oficial para apretar o seducir a periodistas, medios de comunicación y ONG. En este caso puntual nos quieren hacer creer que la incineración es algo bueno para la ciudad cuando es un enorme retroceso”.
Y así, Mariano Recalde, legislador de Unidad Ciudadana, cerró: “La propuesta de incineración maquillada con el nombre de “Termovalorización” es un fracaso en el desarrollo de políticas destinadas a cumplir con los objetivos de Basura Cero. Nunca se preocuparon por cumplir los objetivos planteados, realizaron acciones aisladas, parches marketineros. La modificación de esta ley va a contra mano de las posiciones ambientalistas y de los países desarrollados que en la actualidad están desalentado estas prácticas de incineración”. Y concluyó: “Es una medida que va en contra de los porteños y quedó demostrado en la documentación del gobierno filtrada un día antes de la sesión, que evidenció la manipulación de información y las estrategias para influenciar a periodistas y especialistas por amiguismo o con pauta oficial. Prácticas que prueban la intencionalidad de fondo del Jefe de Gobierno porteño, hacer negocios con la salud de todos”.
