La denuncia fue presentada por la abogada Valeria Carreras. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar porteña Carolina Stanley, y la presidenta del partido Pro, Patricia Bullrich, fueron denunciados el domingo por “atentado a la salud pública y sedición”, luego de anunciar el regreso a las clases presenciales en la Capital.
La letrada los denunció por haber impulsado “una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021”, mediante el que el Gobierno nacional estableció un paquete de restricciones para frenar la segunda ola de contagios por Covid-19 y decretó la suspensión de clases presenciales durante 15 días.
De acuerdo con la letrada, esto implica haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
La letrada sostiene en la denuncia que el DNU 241/2021 se dictó “en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes”.
La denunciante asegura que Horacio Rodríguez Larreta, Carolina Stanley y Patricia Bullrich promovieron acciones que persiguen “realizar lo que el DNU prohíbe” como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días. La acusación se refiere, en el caso del jefe de Gobierno porteño, a su presentación ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar un amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta de atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años, prevista en el artículo 205 del Código Penal y del artículo 230 inciso 2 sobre sedición, a la que le correspondería una pena de 1 año a 4 años. Esto último, argumenta Carreras es por “ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción”.
En cuanto a Bullr4ich, Carreras manifestó haber incluido a Patricia Bullrich en la denuncia porque había expresado públicamente “que presentaría un amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)” con el objetivo de dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también “las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos”.
La denuncia cayó en el juzgado federal de María Servini.