Representantes de la Fundación Apolo (Juan Martín Fazio, Juan Manuel Otegui, Yamil Santoro, Paulo Vitaver y Juan Pablo Pane) denunciaron al exministro de Salud, Ginés González García, a su directora de Compras y Contrataciones, María Maxit, y otros funcionarios que habrían omitido cumplir las normas de contrataciones de emergencia durante la pandemia. La denuncia fue destacada por sorteo en el Juzgado Criminal y Correccional Nro 5.
Esto surge del informe sobre lo actuado durante ese período, realizado por la Auditoría General de la Nación. Este fue aprobado por la Resolución 175/2022 y trabaja sobre “Contrataciones públicas de emergencia (CPE) realizadas en el ámbito de la dirección de compras y contrataciones para atender a la pandemia producida por el COVID-19”.
El informe revela procesos de contrataciones carentes de dictámenes técnicos obligatorios, compras de elementos sanitarios no certificados por ANMAT, vinculación directa entre, al menos, un proveedor y un funcionario ministerial, anticipos a proveedores por montos mayores a los aprobados, e inacción frente a observaciones del organismo de control.
Se relevaron incumplimientos de leyes básicas de procedimientos gubernamentales y éticos en el ejercicio de funciones públicas que, en sí, constituyen incumplimiento de deberes de funcionarios públicos, pero podrían facilitar fraudes a la administración pública.
La ausencia de justificación de las deficiencias relevantes que constituyen, a criterio del Equipo de Activismo Legal de Apolo, motivo suficiente para el inicio de una investigación por presunto fraude a la administración pública contra la titular de la Dirección de Compras y Contrataciones y contra todo aquel que pudiera haber realizado estas operaciones u omitido controles legales. El pago de anticipos en exceso, en particular, puede obedecer a la existencia de “comisiones” ilegales.
Hasta el momento, no se han conocido denuncias o procedimientos de investigación sobre los posibles delitos evidenciados por la Auditoría General de la Nación, por lo que la Fundación Apolo ha decidido radicar una denuncia para promover la actuación de fiscales y tribunales sobre los hechos sospechosos.