La asesora Tutelar de Primera Instancia Mabel López Oliva pidió la evaluación pedagógica de los Centros de Primera Infancia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano (GCBA), en mérito a un acuerdo de hace más de siete años ante el Tribunal Superior de Justicia (9 de febrero de 2011).
Dicha supervisión debe ser realizada por el Ministerio de Educación e Innovación, el cual se negó en principio hacerla, para luego acompañar un informe de dos hojas absolutamente insuficiente, que motivó que el juez de Primera Instancia Pablo Mántaras intimara al Poder Ejecutivo local a cumplir con la supervisión pedagógica, bajo apercibimiento de imponer una multa.
El Poder Ejecutivo interpuso recurso de apelación, que fue contestado por el asesor Tutelar de Cámara Gustavo Moreno, quien no solamente ratificó la postura de su colega de primera instancia para obtener la supervisión pedagógica, sino que apuntó a que un dispositivo social provisorio como los Centros de Primera Infancia, según el acuerdo en sede judicial, se ha convertido en definitivo transcurrido siete años del acuerdo.
Sostuvo que se ha profundizado la desigualdad de contenido pedagógico/didáctico que existe entre las niñas y niños que asisten a establecimientos de nivel inicial dependientes del Ministerio de Educación e Innovación, y las niñas y niños (de zonas vulnerables) que asisten a los Centros de Primera Infancia del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, por no existir vacantes suficientes en establecimientos educativos de nivel inicial, con una lista de espera de niñas y niños con domicilio en la Ciudad que alcanza a un total de 9.680, y obras de infraestructura escolar pendientes de ejecución, y otras todavía en proyecto.
La Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, integrada por las Juezas Mariana Díaz y Fabiana Schafrik, y el Juez Carlos Balbín, deberán resolver acerca de la supervisión pedagógica de los Centros de Primera Infancia.
