La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó fue denunciada de manera penal por el senador radical e integrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla. La causa fue presentada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 7 a cargo del juez Sebastián Casanello, quien también investiga la causa por lavado de dinero contra Lázaro Báez.
La investigación sobre Carbó que pide Cimadevilla es por ser “autora penalmente responsable de los delitos tipificados por los artículos 248 y 253 del Código Penal de la Nación”, lo que equivale a incumplimiento de debes de funcionario público y designar de forma ilegal a fiscales.
Cimadevilla apunta a la designación de discales, y acusa que se nombró a “sujetos que no han cumplido los requisitos legales para acceder a la designación y al ejercicio de las funciones propias del cargo. Para hacerlo, en pleno conocimiento de la irregularidad y tratando de encubrir la maniobra, la Sra. Procuradora General de la Nación recurre a la expresión ‘subrogante’”.
El senador y miembro del Consejo le apunta, de esa forma, a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, que deberá investigar la causa sobre presunto lavado de dinero surgida a raíz de una investigación periodística.
“Se ha desplazado de sus funciones a magistrados del Ministerio Público regularmente designados sustituyendo su actuación por sujetos no habilitados legalmente para el ejercicio del cargo. Con este proceder, pone en serio riesgo la validez del proceso de juzgamiento de los imputados de delitos de lavado de dinero”, explica el radical entre los argumentos, apuntándole a Gils Carbó.
También Cimadevilla asegura que el manejo de la procuradora es “autoritario” y que desconoce y desprecia “todo límite constitucional”.