El exministro del Gobierno de Mauricio Macri sigue sumando problemas judiciales. Ahora, el interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis exfuncionarios de su cartera, por supuestas anomalías detectadas en las auditorias y revisiones que habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de US$ 1.343 millones, a través de los incrementos injustificados de tarifas.
En las imputaciones, además de Juan José Aranguren, están mencionados Daniel Perrone, exsubinterventor y posterior director de Enargas; Andrés Chambouleyron, exsubsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, exinterventor de Enargas; Andrés Ferraris, exdirector nacional de Política Tarifaria y luego director Nacional de Economía de los Hidrocarburos.
La presentación comprende además a Juan Manuel Carassale, exjefe de Gabinete del Ministerio de Energía, y Graciela Cristina Bevacqua, exdirectora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
El exministro Aranguren habría habría manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio de transporte y distribución de gas.
De acuerdo con lo expresado por la intervención del Enargas, esta disposición habría permitido “asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios al pagar periódicamente las facturas de gas”.
El Enargas informó que la decisión fue tomada tras las auditorias realizadas a las empresas Transportadora Gas del Sur y la distribuidora Camuzzi Gas, a lo que se habría sumado “una serie de irregularidades y vicios administrativos”, lo que llevó al ente a recomendar al Poder Ejecutivo Nacional “declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral” para ambas licenciatarias,
En la nueva presentación, junto con la recomendación de carácter administrativo, Bernal imputó a Aranguren y otros funcionarios por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta debiendo responder en calidad de coautores.
El interventor precisó que la denuncia “incluyen mails en los que los mismos exfuncionarios denunciados hablaban que el factor de actualización debería rondar el 24, o menos, sin embargo el número que se tomó fue de 33, y es lo que hoy se sigue reflejando en las facturas”.