Denunciaron a Baños y Cúneo Libarona por “desmantelar” Derechos Humanos

Denunciaron a Baños y Cúneo Libarona por “desmantelar” Derechos Humanos

La legisladora porteña Victoria Montenegro acusó a los funcionarios nacionales de incumplir la ley.


La legisladora de Unión por la Patria (UP), Victoria Montenegro, denunció el viernes al secretario Alberto Baños y al ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, por “desmantelar” la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) y poner en riesgo los sitios de memoria mediante despidos masivos y el desfinanciamiento de áreas clave.

La situación en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, ubicado en lo que fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), fue uno de los más impactados por este ajuste. Con 252 trabajadores despedidos y otros 300 pendientes, la SDH enfrenta un panorama crítico en un área que no llega a tener 800 trabajadores. 

Por este motivo, Montenegro, quien preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, presentó una denuncia ante el juzgado federal 6 de Comodoro Py, a cargo del juez subrogante Daniel Rafecas. La legisladora sostuvo que las medidas impulsadas por Baños y Cúneo Libarona afectan gravemente la preservación de los sitios de memoria y la transmisión de la historia reciente de Argentina.

Según sostiene, los funcionarios nacionales “han adoptado numerosas medidas que han afectado de manera directa el funcionamiento y la preservación de los sitios de memoria a través del desfinanciamiento de las obras públicas y los despidos masivos que viene sufriendo el sector público y en particular la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia”.

En su presentación, Montenegro señaló que Baños y Cúneo Libarona incumplieron la ley 26.691, que protege los excentros clandestinos, poniendo en peligro la preservación de la memoria histórica y las investigaciones judiciales sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Por tal motivo, fueron denunciados por abuso de autoridad y violación del deber del funcionario público. 

Asimismo, la legisladora dijo que los despidos orquestados desde el Ministerio de Justicia impactaron en distintas áreas de los sitios: conservación, mantenimiento, educación, atención al público, entre otras. Además, advirtió que el gobierno puso a la venta terrenos en los funcionaron centros clandestinos –que incluso tenían medidas de no innovar dictadas por juzgados federales– ante el silencio de Baños, que es la autoridad de aplicación de la ley de sitios.

“Todas estas medidas traen aparejado el incumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de graves violaciones a los derechos humanos –que son parte constitutiva de la identidad del pueblo argentino y se encuentran consagrados en la Constitución Nacional– con el consiguiente riesgo de responsabilidad internacional”, dijo Montenegro.

En esta línea, la legisladora porteña de Unión por la Patria señaló en su cuenta de X (extwitter): “No vamos a permitir el atropello a los trabajadores ni la destrucción de las políticas públicas que nos han convertido en un ejemplo mundial”.

 

 

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