En medio de todos los misterios que envuelven la desaparición de Santiago Maldonado y al cumplirse casi dos meses, apareció una denuncia anónima contra la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) por la forma en cómo se trató el caso en las aulas y en las actividades llevadas adelante por la institución.
La acusación se realizó desde un correo electrónico “anónimo” enviado al Rectorado con el asunto “Noticias Filo”. También se efectuó ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y fue reenviada al Ministerio de Educación de la Nación –a la Secretaría de Políticas Universitarias– “a los efectos de poner en su conocimiento y a los fines que Ud. estime corresponder”, según informaron las autoridades de la facultad.
Si bien la facultad es una de las más “politizadas” de la UBA, sorprendió que la denuncia sea contra la misma. Además, no existen antecedentes de esta índole en otras instituciones. La desaparición del joven fue tratada en todas las facultades pero no hubo repercusiones de tal magnitud.
Brenda Hamilton, presidenta del Centro de Estudiantes (Cefyl) y militante de En Clave Roja, señaló que “este ataque, en sintonía con la campaña mediática de Macri y Patricia Bullrich, lejos de amedrentarnos, es una muestra de que cuanto más nos organizamos, más les molesta a quienes quieren la impunidad para la Gendarmería Nacional y sus encubridores”.
Mediante un comunicado enviado a los alumnos de la institución, la facultad se expidió de la siguiente manera: “Las autoridades de la Facultad ponen en conocimiento de la comunidad que el día de ayer, lunes 25 de septiembre, se recibió una nota del Rectorado mediante la cual este remite a la institución una denuncia anónima recibida en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires”.
Además, informó: “Comunicamos que daremos respuesta por escrito a la nota, invocando la libertad de cátedra, en el marco de la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Nacional en su art 75, inc. 19”.
En tanto, desde la facultad aseguraron: “Resulta por lo menos sorprendente que el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires desconozca una de las atribuciones constitucionales de la universidad pública argentina y que, por su parte, el Ministerio de Educación de la Nación no haya invocado la misma norma para desechar el reclamo anónimo mencionado”.
Finalmente, denunciaron: “Resulta evidente que la proliferación de las denuncias acerca del tratamiento de la desaparición forzada de Santiago Maldonado revela una creciente política oficial de amedrentamiento e intimidación como correlato de discursos negacionistas y encubridores”.
