El integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, Diego Marías, denunció por mal desempeño en sus funciones a la jueza en lo criminal y correccional porteña Karina Zucconi. Se trata de la magistrada que liberó a un comerciante acusado de haber abusado sexualmente de una joven de nacionalidad venezolana durante su primer día de trabajo.
La denunciada ante el Consejo de la Magistratura fue presentada por el consejero Diego Marías, quien solicitó suspender a Zucconi y formular una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Marías le solicitó a la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura que de corroborarse la información expuesta “disponga la apertura del procedimiento de remoción de la juez denunciada, ordene su suspensión y en su caso formule la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento”.
En la denuncia se hizo referencia a que “la propia jueza advirtió que el imputado mintió”, porque no fue posible establecer su paradero, ya que dijo que vivía con su hermana en el barrio de Mataderos, pero ésta lo negó y aseguró que el acusado vivía en el local. Es por ello que Marías se preguntó en la presentación: “¿Dónde vive Irineo Humberto Garzón Martínez?”.
En la denuncia presentada, el consejero remarcó que “teniendo en cuenta la gravedad del hecho por el que se lo acusa a Garzón Martínez” -abuso sexual con acceso carnal-, la magistrada, al otorgarle la libertad bajo caución juratoria, dejó soslayar “las contradicciones y dudas existentes, entre otras cosas, sobre su verdadero paradero”, siendo que existen otras alternativas como “una caución real que garanticen efectivamente el sometimiento del imputado al proceso”.
Además, el consejero, hizo mención a que la magistrada no tuvo en cuenta “el riesgo de fuga en este caso”, ya que dejó de lado otras pruebas como que “el imputado intentó retirarse del lugar cuando los preventores [por la Policía de la Ciudad] ingresaron en el local y que no abrió la puerta del inmueble cuando la policía llamó”.
La denuncia de Marías se sustentó en la realización por parte de “actos de manifiesta arbitrariedad” en el ejercicio de sus funciones por parte de la magistrada.
“Corresponde analizar si el otorgamiento de la libertad a un imputado por abuso sexual agravado, sin haber establecido que vive en el domicilio proporcionado excarcelándolo bajo caución juratoria constituye un supuesto de mal desempeño en los términos del artículo 53 de la Constitución Nacional”, sostuvo el consejero.
ELa ueza el lunes pasado le otorgó a Garzón Martínez la excarcelación bajo juramento al resolver que “la pena en expectativa de efectivo cumplimiento por sí sola no es obstáculo para que el nombrado no obtenga su libertad”. La magistrada procesó al acusado por abuso sexual agravado con acceso carnal y dictó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir los $90.000 pesos, pero mantuvo su excarcelación.