El fiscal federal Carlos Stornelli y todo el personal de la secretaría 21 del Juzgado Federal 11, fue denunciado por los presuntos delitos de violación de secretos e incumplimiento de sus deberes. La denuncia fue presentada por Alejandro Rúa, defensor del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación, Roberto Baratta.
En su presentación el letrado sostuvo que se difundió información privada del exfuncionario luego que el fiscal accediera de manera ilegal al contenido privado del teléfono personal de Baratta, secuestrado años atrás, en el marco de la causa en la que estuvo detenido por supuestas anomalías en la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos a los puertos de Escobar y Bahía Blanca.
Rúa señaló que luego de que Stornelli obtuviera el contenido de un peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería, incorporado a la causa el 28 de septiembre, “se comenzaron a difundir en el diario Clarín distintas circunstancias que no se vinculan con el objeto procesal del caso ni con ninguna actividad que resulte objeto de investigación en otro trámite, en grave violación a los derechos de mi asistido”.
El abogado recordó que las notas fueron firmadas por el periodista Daniel Santoro, al que definió como “consorte de causa” de Stornelli en el sumario por los supuestos delitos de espionaje ilegal y extorsión a empresarios, y que la violación de derechos de Baratta “fue objeto ya de denuncia ante las Relatorías Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas”.
El defensor de Baratta explicó que “obtenida que fue por el fiscal Stornelli esa copia ilegal de toda la información del teléfono de mi asistido, incluida la que no se vinculaba con el objeto procesal del caso ni con otro trámite según la constatación judicial que se hizo, y que debía mantenerse en reserva en Secretaría, comenzó la difusión de su contenido a través de su periodista ladero”.
Rúa sostuvo que varias veces reclamó “el debido resguardo de la información” al Juzgado Federal 11 y “la expresa exclusión de cualquier transcripción o grabación de conversaciones privadas, en cuanto los temas sean de índole personal, no susceptibles de investigación penal”.
Y finalizó sosteniendo que “el teléfono de mi asistido (por el exfuncionario del ministerio de Planificación) contenía datos de su privacidad que se debían mantener en reserva”, entre ellos diálogos entre imputado y defensor y que, fuera de los juzgados en los que tramitan causas contra Baratta “nunca nadie” tuvo acceso al contenido íntegro de los discos de la pericia”.