La presentación, que recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, fue hecha por la Fundación por la Paz y el Cambio Climático y alcanza también al fiscal Jorge Ballestero, que se pronunció contra la existencia de delito. Zelaya se pronunció en una demanda promovida por el Sindicato de peones de Taxis específicamente contra los choferes que manejan vehículos sin el registro especial y sin el control que el Gobierno de la Ciudad impone a los taxistas.
En su escrito ante la Justicia federal, el titular de la Fundación, Fernando Míguez, recordó que denunció ante el juez Lijo a Uber por evasión impositiva y a las autoridades porteñas, incluyendo al jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, por “incumplimiento de sus deberes”, por no oponerse al funcionamiento de esa plataforma de transporte en la Argentina.
La Fundación destacó en la denuncia ante Martínez de Giorgi, que el juez Lijo adoptó medidas de prueba y que entre los denunciados están además, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso.
La ONG remarcó que “Uber es una empresa que no está registrada en la IGJ, los usuarios pagan con tarjetas de crédito de bancos nacionales y toda esa plata no tributa impuestos”.
“¿Cómo puede ser que ningún organismo de control detectara operaciones sospechosas? Se trata de una empresa que no tributa pero que a la vez pagó de arranque multas de 70 mil pesos por cada uno de los autos que les fueron secuestrados. ¿Cómo ingresó ese dinero al país?”, se preguntó Miguez.
Uber es una empresa trasnacional, cuyos dueños serían los empresarios estadounidenses Garret Camp, Travis Cordel Kalanic y David Plouffe, quienes -según la fundación- habrían integrado la comitiva del presidente Barak Obama en su visita a la Argentina en marzo.