Efectivos de la Policía Bonaerense comenzaron esta madrugada un operativo para desalojar cerca de 2 mil familias que viven en un predio tomado desde el 22 de octubre en la localidad bonaerense de Libertad, partido de Merlo. Los vecinos de la zona, por su parte, denuncian que el procedimiento viola una prórroga judicial para llegar a una solución consensuada, además de hacerse como “chivo expiatorio” por la muerte de un nene, ocurrida el fin de semana pasado en el lugar.
El operativo se inició a las 4 cuando unos 1.200 agentes cercaron el predio ubicado al costado de la ruta 1003 y a las 6, con el amanecer, comenzaron a ir casilla por casilla para pedirles a los ocupantes que voluntariamente se fueran.
Enseguida, el predio se llenó de humo por el incendio de las casillas, en tanto algunos vecinos decidieron desarmar las propias para no perder los materiales, en un procedimiento del que también participan topadoras del municipio y un helicóptero del Ministerio de Seguridad bonaerense.
Los vecinos no opusieron resistencia y un grupo cortó la ruta con carteles cuyas consignas son “Respeten la prórroga de 180 días” y “No desalojen a las familias, desalojen a los narcos”.
La medida se tomó pese a que el Juzgado de Garantías número 4 emitió una resolución en la que exhortaba a las autoridades a suspender cualquier intento de desalojo por el plazo de 180 días y “convocar mesas de gestión” para solucionar el problema, decisión que el propio tribunal luego decidió anular para ordenar el desalojo.
“Pensábamos que no iba a pasar por la decisión judicial. Estábamos tranquilos pero igual pasamos la noche en vigilia”, contó Estela, una de las ocupantes del predio bautizado como “Barrio Nueva Esperanza”.
La vecina precisó que hay 2 mil familias viviendo en el lugar, incluyendo muchos chicos. “Los mandamos a otro lado porque no queremos violencia ni heridos como pasó con Oscarcito”, agregó en referencia al nene de 8 años que falleció el fin de semana pasado cuando una bala perdida en un enfrentamiento en la toma ingresó por uno de sus ojos.
“Entendemos que somos el chivo expiatorio de una situación tremenda como fue la muerte de Oscarcito, que es culpa de los narcotraficantes y no de la toma, donde hay familias reclamando hace cuatro meses el derecho a la vivienda”, completó Anahí Benítez, también vecina del lugar.