Despidieron a 60 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos

Despidieron a 60 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos

Las políticas de ocultación y apropiación de la historia por parte de una banda de lunáticos siguen adelante.


Continuando con su política de “destruir el Estado desde adentro” que anunció aún desde antes de asumir su cargo, Javier Milei y su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona -el mismo que paga las cuentas de los onerosos desayunos de sus colegas-, despidieron a 50 trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos el domingo 30 de junio.

Técnicamente, en realidad, no hubo despidos, sino que a los trabajadores no se les renovaron sus precarios contratos basura. Sólo ocho de ellos recibieron telegramas de despido, a causa de que gozaban de otra modalidad de contratación, siempre más cercana a la inestabilidad laboral que a la Justicia Social.

Paralelamente -alguien tiene que quedar, porque trabajo siempre hay, al fin y al cabo-, a otros 34 trabajadores se les renovaron los contratos, aunque la precariedad seguirá vigente para ellos también.

Esta fue la segunda tanda de despidos, porque en marzo de este año despidieron a otros 42, de los que 23 fueron reincorporados, tras el firme reclamo del sindicato.

El delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Octavio Rampoldi expresó a Noticias Urbanas que “los compañeros despedidos trabajan en la Secretaría desde hace muchos años. Uno de mis compañeros estaba allí desde hace 20 años. De todos modos, si bien hay ocho a los que les enviaron los telegramas, a los demás ni siquiera se les comunicó su despido, demostrando las autoridades un alto nivel de cinismo y cobardía”.

Rampoldi reveló que “todos los despedidos realizan tareas imprescindibles, pues pertenecen al Archivo de la Memoria, al Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado, al Centro Cultural Haroldo Conti, trabajan en las políticas reparatorias con las víctimas y, sobre todo, hay 27 trabajadores de los Espacios de la Memoria”.

El sindicalista agregó también que “todos los trabajadores que terminan de echar arbitrariamente tienen un gran compromiso con las tareas que realizan, algo que esta administración no está dispuesta a aceptar”. Como ejemplo de su aserto, Rampoldi relató que “a pesar de que el Espacio Club Atlético -que se encuentra en Paseo Colón, bajo la autopista 25 de Mayo- es un sitio arqueológico, despidieron a las dos arqueólogas que trabajaban allí desde hace al menos 15 años”.

“Lo peor de todo -continuó el delegado de ATE- es que todos ellos poseen saberes específicos en todas las áreas en las que se desempeñan. Son personas que cuidan el patrimonio cultural, histórico y documental, que documentan los objetos y reparan los edificios. Hay arquitectos, conservadores, educadores, investigadores, historiadores y personal de mantenimiento edilicio de los espacios de memoria, entre otros”.

Luego de enumerar que en el espacio del Club Atlético “echaron a seis trabajadores y quedaron sólo cuatro y lo mismo hicieron con los espacios Orletti, Cevallos y Olimpo”, denunció que “en el caso de Cevallos, despidieron al coordinador del espacio, que era un sobreviviente de ese campo de exterminio”.

En resumen, los sitios más afectados por el desguace humano fueron los sitios de la memoria, la unidad de leyes reparatorias y el Archivo Nacional de la Memoria.

Asamblea y después…

El lunes 1° de julio, a las 11 de la mañana hubo una multitudinaria asamblea en la sede de lo que alguna vez fue el centro de exterminio de la Escuela de Mecánica de la Armada. El mitín comenzó con un mensaje de la Madre de Plaza de Mayo “Taty” Almeyda, que agradeció por la tarea que desarrollan los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos, en nombre de ella misma y de las Madres y los Hijos de los desaparecidos y de los asesinados.

Ante la llamativa ausencia absoluta de los funcionarios de la Secretaría, los trabajadores recibieron también la solidaridad de numerosos sindicatos y de la mesa de los organismos de DDHH que se reúne en la Iglesia de Santa Cruz.

Luego, en la asamblea se leyeron los nombres de todos y cada uno de los despedidos, para ponerle nombre y apellido al nuevo atropello contra los derechos humanos de los trabajadores, que fueron arrojados a la desocupación en un contexto de negación de la responsabilidad del Estado en crímenes de lesa humanidad y de un fuerte ajuste, que sólo significa una contundente transferencia de ingresos desde la clase trabajadora hacia los poseedores de la riqueza y de todas las otras cosas.

El miércoles hubo una reunión con las autoridades, en las que no hubo novedades. Éstas no propusieron nada, no aceptaron nada, ni modificaron un ápice su actitud de desguace de la Secretaría. Sólo se comprometieron a “analizar” el reclamo presentado por ATE, responderán sobre los planteos el próximo miércoles diez de julio.

Al finalizar la reunión, Rampoldi informó que este jueves “vamos a participar todos los trabajadores y trabajadoras de la Secretaría en la convocatoria que está haciendo nuestro sindicato, ATE Seccional Capital, en la Plaza de Mayo, donde se va a hacer una olla popular por todos los despidos del Estado nacional”. Esta movilización se hará en el marco de un paro nacional de ATE, convocado para repudiar las políticas de ajuste del Estado encaradas por la administración libertaria.

Luego, el secretario de Derechos Humanos de la Junta Interna de ATE agregó que se van a unir a la ronda de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo, que esta vez fue convocada por el Premio Nobel de la Paz de 1980, Adolfo Pérez Esquivel.

Legislatura porteña: Apoyo y convocatoria

El miércoles por la tarde, luego de que a los despidos anteriores se agregaran otros seis más, todos ellos trabajadores del área de Leyes Reparatorias, se realizó una reunión en la Legislatura, convocada por Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, que estuvo flanqueada por la exdiputada nacional Myriam Bregman, los legisladores porteños Celeste Fierro, Gabriel Solano y la exlegisladora Alejandrina Barry.

Para acompañarlos y quizás también para custodiarlos, se hizo presente en la reunión el brigadier retirado Jorge Reta, actual legislador porteño de La Libertad Avanza.

Los trabajadores que se hicieron presentes en la reunión coordinaron medidas de lucha y resistencia, entre las que se contó la convocatoria a Plaza de Mayo este mismo jueves, cuando esta publicación llegue a las pantallas.

La diputada Montenegro planteó que “mientras más nos enfrentan, más fuertes nos hacemos. Es distinto esta vez. La crueldad llegó por el voto popular, pero acá está la resistencia, estamos dispuestos a poner el cuerpo y nuestras bancas. Vamos a defender la memoria y los sitios y vamos a seguir luchando siempre”.

En los momentos en que este informe llega a destino, llegaba la noticia de que “arrasaron con toda el área de leyes Reparatorias y Pensiones a ex presos políticos y mandaron a la basura 800 legajos reparatorios a los que les faltaba sólo una firma”, según relató un sindicalista de ATE.

Petri, Vallese y Fiorillo

Pero las cosas no terminaron allí. En la mañana de este jueves, por medio de la Resolución 680/2024, el ministro de Defensa Luis Petri -con fecha 02/07/2024-, le otorgó a la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares todo el Sistema de Archivo de la Defensa (SAD), en cuanto a la gestión de los expedientes relacionados con los genocidas. Esto quiere decir que, de ahora en más, los militares van a ocuparse de “los requerimientos efectuados por la Justicia” en los temas de crímenes de lesa humanidad cometidos por sus colegas, amigos y parientes.

Como colofón, Felipe Vallese, hijo del primer desaparecido en los tiempos de la “democracia” apócrifa de los tiempos de la proscripción del peronismo, fue despedido el miércoles último. Su padre, de igual nombre, fue secuestrado el 23 de agosto de 1962 por policías de la Brigada de San Martín. El oficial Juan Fiorillo, que años después perteneció a la Triple A y que en 1976 secuestró a Clara Anahí Mariani, fue su asesino, según fuentes policiales.

Cúneo Libarona, en la zona roja

Mientras tanto, el dos de julio, cuando Petri firmaba su polémica resolución, los trabajadores del Ministerio de Justicia se concentraban frente a la sede de la cartera, ubicada en Sarmiento y 25 de Mayo. Pareciera que no es una simple coincidencia que en otros tiempos se asentaban en esa misma calle los antiguos “piringundines” del bajo, denominación que en realidad encubría a los lupanares en los que algunas damas ejercían el oficio más antiguo del mundo, para horror de los pacatos, que a veces los frecuentaban.

Ahora, en esa esquina, la prostitución se practica en el interior de algunos edificios gubernamentales. Los viejos tiempos nunca se van del todo.

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