La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) amenaza con habilitar “la ocupación pacífica” de los edificios del Estado en señal de rechazo a los 12.000 despidos que se contabilizaron por ahora en la administración pública. ATE activará el miércoles una protesta en los lugares de trabajo. Ese mismo día, Rodolfo Aguiar, su referente a nivel nacional, convocó a los delegados de todas las provincias para darle continuidad al plan de lucha. No se descarta que se llame a una movilización callejera para el viernes en la que la consigna sería no acatar el protocolo antipiquetes que impone el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
La protesta del miércoles consistirá en el ingreso masivo y simultáneo de los empleados a sus lugares de trabajo. “La intención es coordinar un horario de ingreso y que entren a la vez los de planta permanente, los contratados temporalmente y los despedidos. Será una importante demostración de fuerza”, dijo Aguiar a La Nación. El sindicalista no desestimó que los reclamos en los organismos puedan extenderse por tiempo indeterminado.
“No acepto la palabra toma, pero si no hay una respuesta por parte del Gobierno para reincorporar al personal despedido la protesta puede derivar en ocupaciones pacíficas de los organismos”, dijo.
En paralelo a la protesta en las calles y en los organismos públicos, Aguiar define con el equipo de abogados de ATE avanzar en una denuncia penal contra el Presidente por considerar “arbitrarios” los despidos. “La decisión de echar a 70.000 personas sin motivo puede llevárselo puesto a Milei. Está vulnerando derechos que están tipificados en el derecho penal, como la protección ante el despido arbitrario, contemplada en el artículo 14 bis de la Constitución. Él y sus funcionarios podrían terminar presos”, insinuó Aguiar.
Por el momento, ATE avanza en soledad en su estrategia de confrontación con la gestión de Milei. La UPCN, el gremio mayoritario de la administración pública nacional y que integra la CGT, monitorea por ahora las bajas y descartó avanzar en un paro sectorial. Es más, aceptó los dos últimos aumentos salariales a pesar de que el porcentaje de suba (8%) fue menos a la inflación relevada por el Indec. De todos modos, ambos sindicatos coincidieron en la letra chica de la última acta paritaria, en la que exigieron la reincorporación de los despedidos.
Según los datos del Indec, hasta el pasado mes, en la Administración Pública Nacional se consolidaban un total de 9.646 bajas, aunque en ATE consideran que los recortes continuarán y podría llegar a los 70.000, según advirtió Aguiar.
