Cuando comienzan a correr las historias acerca de la sangrienta dictadura militar que asoló a la Argentina entre el 24 de marzo de 1976 y el 30 de octubre de 1983, se piensa automáticamente en los secuestros, los operativos ilegales, los aviones arrojando personas vivas al mar y en los militares y policías asesinando personas a balazos.
Todas estas imágenes, que quedaron grabadas a fuego en la conciencia de la sociedad, son verídicas, pero insuficientes para describir el rostro de la violencia a la que fueron sometidos los argentinos.
Para empezar, el verdadero líder del Proceso de Reorganización Nacional, como se autodenominaron pomposamente los dueños del armamento, pero no de las decisiones de fondo, fue José Alfredo Martínez de Hoz. Hubo otro líder, pero éste estuvo pocas veces en el país, se llama Henry Kissinger, que aún vive, a sus 100 años.
El modelo de sustitución de importaciones, que había nacido al amparo de los dos gobiernos peronistas que se sucedieron entre 1945 y 1955, aún seguía vigente en 1976, pero ya no era funcional a los planes del State Department, que venía imponiendo las teorías neoliberales. Éstas significaban la destrucción de las economías nacionales de los países del Tercer Mundo, los endeudaban hasta límites imposibles y así traspasaban el poder desde las capitales de esos países a Washington, Londres y París, especialmente.
Así, basados en la represión, en los asesinatos y en la desindustrialización, no sólo desaparecieron a los mejores dirigentes de una generación, sino también un futuro de prosperidad de los países dueños de los recursos naturales que las metrópolis necesitaban para sí mismos, en su búsqueda de nuevas tecnologías.
Este cronistas recuerda que en casi todos los comercios argentinos, las cajas registradoras y las calculadoras que utilizaban los profesionales llevaban la marca Fate Electrónica (Industria Argentina) y, repentinamente, hacia 1978 casi todos estos productos habían sido reemplazados por la marca Texas Instruments (adivine el lector su origen).
Desde entonces, la industria casi dejó de existir. Quedó relegada a rubros casi marginales. El proceso de valorización financiera fue, desde entonces, el método para destruir a la industria. Volviendo a los recuerdos, un empleado de la empresa tabacalera Massalin-Particulares relataba a este escriba que un gerente de los más importantes de la empresa ingresó un día a la oficina contable en la que él trabajaba y le preguntó al gerente cuánto dinero había en caja. Al escuchar la respuesta –era una abultada cantidad-, ordenó comprar títulos de deuda pública inmediatamente. De más está decir que pocos días después, éstos aumentaron y generaron una ganancia quizás aún mayor que la venta de cigarrillos.
La dictadura inauguró un proceso de valorización financiera que destruyó el aparato productivo y abrió las puertas de la economía al capital extranjero de manera irrestricta, ya sea para gozar de los beneficios de la especulación financiera o para arrasar con la producción nacional. Conocido es el spot publicitario en el que una voz en off decía: “antes, la competencia era insuficiente, teníamos, productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con los que había, sin poder comparar. Ahora tienen para elegir, además de productos nacionales, los importados. Esta competencia fortalece a la industria nacional. Pero, cuidado: los productos importados pueden ser buenos, regulares o malos. Ahora hay mucho más para elegir. Aproveche esta situación y compare”. Por si no quedó claro, la silla era argentina y aparecían muchas sillas con la inscripción “Made in…”.
En la presentación de su programa económico de los doce puntos, Martínez de Hoz aseguró que “hemos dado vuelta una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la liberación de las fuerzas productivas”.
La “liberación de las fuerzas productivas” significaba la libre importación de todo tipo de mercaderías, que por supuesto terminaron provocando la agonía de la industria argentina y el traspaso del proceso de acumulación de capital desde la producción a las entidades bancarias. Para eso dictó la Ley N° 21.526 de Entidades Financieras, que permitió a éstas la captación de miles de millones de pesos, en detrimento de cualquier otra actividad económica.
El único momento en que los banqueros sintieron el helado aliento de la crisis ocurrió en 2001, cuando miles de pequeños ahorristas llegaron a destrozar con sus martillos las ostentosas vidrieras de algunos bancos.
De todos modos, la Ley N° 21.526 aún sigue vigente y sigue provocando los mismos efectos. Los bancos giran beneficios cada vez mayores a sus casas matrices o a sus directorios, porque depositan afuera pero cobran adentro, sin que existan restricciones para estas operaciones.
Además, endeudados
Cuando el poder financiero liderado por Videla y Martínez de Hoz derrocó a María Estela Martínez de Perón, la deuda externa ascendía a 8.500 millones de dólares, que significaban el 14% del Producto Bruto Interno de la Argentina. El eficiente Martínez de Hoz había llevado la deuda a 25 mil millones de dólares al fin de su mandato, en 1981, antes de ser reemplazado por Lorenzo Sigaut. Además, Martínez de Hoz había llevado al caos a una economía que había provocado la quiebra de miles de empresas productivas y había lanzado a la desocupación a índices coincidentes con la etapa preindustrial. Y todo esto, con sólo tres políticas básicas: la subvaluación del dólar, la reforma financiera y la reducción de aranceles a la importación de bienes.
Hubo dos etapas en este proceso de destrucción masiva de la industria argentina. La primera fue el aliento a la toma de deuda por parte del sector privado. La segunda comenzó cuando el crédito se agotó y el Estado tomó una importante deuda a través de las empresas públicas. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, la empresa más grande del país, fue especialmente perjudicada. Gerenciada por exfuncionarios de Shell y Esso, además fue endeudada hasta niveles astronómicos, sin objetivos empresariales ni necesidades particulares de financiamiento. Así todo.
Este esquema especulativo, de bancos y financieras todopoderosos y autorizados a realizar todos los negocios “que no estén expresamente prohibidos por el Banco Central” llevó al país a la ruina. La lamentable persistencia de la Ley N° 21.526, aún siguen golpeando a los argentinos.
Entre 2015 y 2019, Mauricio Macri repitió el proyecto económico y las consecuencias fueron igual de devastadoras. La progresión fue similar a la aplicada por Martínez de Hoz, que se definió alguna vez a sí mismo como un gradualista. Macri favoreció en su primera etapa el endeudamiento privado y, a partir de 2018, el endeudamiento del Estado, que trajo, como siempre ocurrió, desastrosas consecuencias para el país, que se ve en estos días –cinco años después- atrapado entre una economía mundial en recesión y unos servicios de deuda tan elevados, que cumplir con el FMI es lo mismo que entregar el futuro del país.
Los ideólogos de la basura
Pero, en medio de este pringoso revoltijo, aparecieron intempestivamente los “explicadores”, émulos de los sofistas de la antigua Grecia, que envilecieron la filosofía, descendiéndola a una cháchara práctica para ganar discusiones.
El dos diciembre de 2017, en una distendida charla con un periodista afín, el presidente del Banco Nación, Javier González Fraga explicaba la ímproba tarea que estaba desarrollando el gobierno del que formaba parte, aseverando que se trabajaba en una plataforma que generaría un desarrollo sustentable, aunque –aclaraba- las bondades del modelo iban a tardar en cosechar sus frutos, ya que la clase trabajadora había vivido una “ilusión” en tiempos del kirchnerismo.
Tanta explicación quedó resumida para la historia en una frase fabulosa y reveladora: “Venimos de 12 años en donde las cosas se hicieron mal. Se alentó el sobreconsumo, se atrasaron las tarifas y el tipo de cambio… Donde le hiciste creer a un empleado medio que su sueldo servía para comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior”.
El mismo concepto fue desarrollado con otras palabras el dos de junio de 2022 por el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, que expresó primero que “hay una afirmación que yo veo como un síntoma innegable de fe populista y en mi país se escucha con frecuencia, según la cual detrás de cada necesidad debe haber un derecho. Obviamente un mundo donde todas las necesidades son satisfechas es deseado por todos, pero no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral”.
No contento con esbozar el tema, además decidió desarrollarlo y espetó a los presentes, en el transcurso de un seminario sobre Justicia, Derecho y Populismo en Latinoamérica, que “no puede haber un derecho detrás de cada necesidad porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades, a menos que restrinjamos qué se entiende por necesidad y que se entienda por derecho a las acciones que no son jurídicamente ejecutables”.
Es necesario enunciar, además, que el señor juez condescendió a ser designado por medio de un decreto, una medida absolutamente anómala para nombrar a un magistrado de la Corte Suprema, como sabe cualquier lego en la materia.
Conclusiones apresuradas
En su Carta Abierta a la Junta Militar conocida el 24 de marzo de 1977, el escritor y periodista Rodolfo Walsh resumió con lucidez la ecuación política y económica que presentó la dictadura. En el Punto 5 de su escrito, Walsh expresó: “En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. En un año han reducido ustedes el salario real de los trabajadores al 40%, disminuido su participación en el ingreso nacional al 30%, elevado de 6 a 18 horas la jornada de labor que necesita un obrero para pagar la canasta familiar, resucitando así formas de trabajo forzado que no persisten ni en los últimos reductos coloniales. Congelando salarios a culatazos mientras los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9% prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial, y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificados de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron.”
Pero Martínez de Hoz y Videla no se quedaron en agua de borrajas. Una vez desalojados del poder por el golpe palaciego del general Roberto Viola, que a su vez fuera de igual manera eyectado por el general majestuoso Leopoldo Fortunato Galtieri, que por su parte luego fuera expulsado de la Casa Rosada tras la fallida Guerra de Malvinas, por el último dictador, Reynaldo Benito Antonio Bignone, éste perfeccionó la entrega del país.
El 21 de diciembre de 1982, Bignone y su ministro de Economía, Jorge Wehbe, firmaron el Decreto N° 1.603/82, que le otorgó al Banco Central la “potestad” de convertirse en garante de las deudas asumidas por las empresas y los bancos, que debido a la devaluación decidida habían quedado tan endeudados como el país.
De esta manera, el Estado se hizo cargo de deudas por 17 mil millones de dólares, que habían sido tomadas por Alpargatas, Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Molinos Río de la Plata, Bunge y Born, Banco de Galicia, Loma Negra, Ingenio Ledesma, Acindar y Pérez Companc, entre otras.
El Estado “bobo” se hacía cargo una vez más de financiar a la clase empresarial, una clase que asume como propia la concepción capitalista, pero que se vuelve agresivamente socialista en las etapas de crisis y de pérdidas.
Finalmente, los dictadores se retiraron a cuarteles de invierno, dejando tras de sí una estela de 30 mil desaparecidos, una deuda externa de casi 40 mil millones de dólares, una participación de los salarios que había caído desde el 51,7% en 1976 hasta algo más del 27% en 1983.
Después de las leyes de amnistía fraguadas por Bignone y las de Obediencia Debida y de Punto Final de Alfonsín y la nueva amnistía de Carlos Saúl Menem, en 2004 se relanzaron los juicios de Lesa Humanidad, que llevaron a prisión a algunos de los perpetradores.
De todos modos, muchos de ellos jamás conocieron los muros de la cárcel ni pagaron por sus delitos. El caso más emblemático es del de Carlos Pedro Blaquier, el presidente del Ingenio Ledesma, que termina de fallecer impune, tras hacer desaparecer a 33 trabajadores de la empresa.
Blaquier
Blaquier puso a disposición de la Gendarmería y la Policía sus camiones y además provocó un apagón en las localidades de Libertador General San Martín, Calilegua y El Talar, para generar el terror y facilitar la labor de los represores, que se llevaron a cerca de 400 trabajadores, que fueron torturados, golpeados y picaneados en galpones de la empresa.
En marzo de 2015, un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, conformada por Gustavo Hornos, Juan Carlos Germignani y Eduardo Riggi impidió que la causa por estas desapariciones fuera elevada a juicio oral. Finalmente, a los 95 años, Blaquier falleció estando en libertad.
Lo que hizo Blaquier, de todos modos, era esperable. En su palacete de la calle Azcuénaga se reunía desde 1973 un grupo de empresarios, que se autobautizaron, con escasa originalidad, como Grupo Azcuénaga. Apoyaban un golpe de Estado, armaban planes económicos y conspiraban contra el gobierno constitucional. Uno de los principales miembros del elenco estable era José Alfredo Martínez de Hoz.
